El magnate Carlos Slim. (Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images)
El magnate Carlos Slim. (Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images)

La disputa de meses sobre gasoductos que ha enfrentado a la compañía del multimillonario Carlos Slim y otras tres con el presidente izquierdista de México ahora difunde un nuevo nivel de incertidumbre sobre lo que significa hacer negocios en el país.

Están en discusión los cambios propuestos a los contratos firmados para siete líneas, en su mayoría construidas para satisfacer la creciente demanda de gas en el país. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar las disposiciones que obligan al gobierno a pagar el gas incluso cuando no fluye, y solicita miles de millones en reembolsos y daños. Las empresas —entre ellas Grupo Carso SAB de Slim, la unidad en México de Sempra Energy, TC Energy Corp. de Canadá y Fermaca Enterprises— dicen que los contratos deben permanecer intactos.

Si bien López Obrador, conocido como AMLO, dijo esta semana que se "acercaban" a una resolución, otros grupos empresariales han expresado su preocupación de que el conflicto pueda sentar un precedente para que el gobierno anule cualquier contrato existente que considere injusto. El conflicto se da tras la abrupta cancelación del proyecto aeroportuario de US$13.000 millones el año pasado, y llega en un momento en que México necesita inversiones adicionales para apuntalar su obsoleta infraestructura.

"Esto definitivamente dañó la imagen de México para los inversionistas", dijo Alejandro Schtulmann, quien dirige la consultora de riesgo político EMPRA en Ciudad de México. "Después de la cancelación del aeropuerto, muchos inversionistas quedaron con un mal sabor de boca, y esta es otra mala señal para ellos".

El enfrentamiento ha provocado la preocupación de grupos que van desde empresarios locales hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la embajada de Canadá en México. Incluso formuladores de políticas del banco central han dicho que están preocupados. El proyecto de más alto perfil es el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan de US$2.500 millones, una empresa conjunta entre TC Energy e IEnova de Sempra cuyo inicio se detuvo por la disputa. El conducto se completó en junio tras retrasos.

Andres Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Alejandro Cegarra/Bloomberg)
Andres Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Alejandro Cegarra/Bloomberg)

Los gasoductos son una salida importante para una gran cantidad de gas producido en EEUU, y México necesita las importaciones de combustibles fósiles para generar energía para hogares y fábricas, ya que sus antiguos campos no producen lo suficiente para satisfacer la demanda. Las importaciones del país de gas estadounidense a través de gasoductos se ha más que cuadruplicado desde finales de 2013, a más de 5.000 millones de pies cúbicos por día, según datos recopilados por Bloomberg.

Los contratos de compra garantizada de suministro de gas, donde la empresa de servicios públicos paga la factura ya sea que obtenga o no el combustible, no es infrecuente como un medio para garantizar a desarrolladores de tuberías que sus inversiones valdrán la pena. Los retrasos en la construcción —los operadores dicen que no fue su culpa— significaron que México comenzó a pagar los envíos incluso cuando el gas no fluía.

El gobierno argumenta que las compañías no han dudado en invocar un cláusula de fuerza mayor en su contrato por retrasos en la construcción provocados por conflictos sociales, retrasos en los permisos y órdenes judiciales. Las demandas preliminares de arbitraje fueron presentadas en Londres y París en julio.

El director ejecutivo de Fermaca, Fernando Calvillo, dijo que las conversaciones estaban en curso, y se negó a proporcionar más detalles.

El gobierno y Grupo Carso declinaron hacer comentarios. Los representantes de TC Energy y la unidad IEnova de Sempra en México no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"Hay un contrato claro", dijo Slim en un evento en julio. "La inversión, por supuesto, es lo que genera actividad económica y empleos. El presidente es consciente de que la inversión pública no será suficiente, por grande que sea, para satisfacer las mayores necesidades de infraestructura del país".

(Foto: Secretaría de Energía)
(Foto: Secretaría de Energía)

La economía de México creció apenas 0,1% en el segundo trimestre, y esta cifra podría ser más baja aún el viernes, tras revisión. El programa de austeridad de López Obrador ha reducido el gasto público, lo que hace que la inversión privada sea aún más importante para lograr el objetivo de crecimiento de 4%.

La semana pasada, el banco central redujo la tasa de interés de referencia del país en 0,25 puntos porcentuales a 8%, citando una economía debilitada. En la declaración donde se anuncia su decisión, los responsables políticos aludieron a algunas de las políticas de López Obrador y resaltaron la importancia de crear un ambiente de confianza y certeza para la inversión.

Con información de Bloomberg