México en vías del autoritarismo: el temor detrás de la aprobación de estas dos controvertidas leyes

En los primeros ocho meses de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han aprobado en el país dos leyes que contravienen principios políticos de la Constitución Política Mexicana, según analistas. Se trata de la llamada "Ley Bonilla" y de la "Ley Garrote".

La primera es una reforma a partir de la cual se permite ampliar de 2 a 5 años el periodo para gobernar del próximo mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. La segunda corresponde a una iniciativa, enviada originalmente por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, mediante la cual se reforma el Código Penal del estado para condenar hasta con 20 años de prisión a quien bloquee las calles de la entidad, mediante manifestaciones, o impida la ejecución de obras públicas.

Ambas leyes fueron impulsadas en estados gobernados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político creado por López Obrador en 2011. Y en el caso de la "Ley Garrote", se trata del lugar natal del presidente.

Las legislaciones fueron aprobadas en medio de protestas ciudadanas y de partidos opositores, que acusaron a los gobiernos estatales de vulnerar el Estado de derecho con su puesta en marcha. En ambos casos, y pese a las protestas generalizadas, el presidente de México se negó a interferir.

Haciendo defensa explícita de la "Ley Garrote", dijo que en Tabasco había "extorsiones y corrupción", por lo que era necesario "poner orden". Sobre lo ocurrido en Baja California, se limitó a decir que no quería que lo involucraran en el asunto, "porque buscan echarle la culpa de todo. "Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba", aseguró luego se ser interrogado durante su conferencia de presa matutina.

¿Qué rol juega el presidente?

"Preocupante", ese es uno de los adjetivos que emplearon académicos y representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales para referirse a estas dos leyes. Edith Olivares Ferrero, coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, aseguró que la "Ley Garrote" supone un riesgo para todo el país.

En entrevista para Infobae México, dijo que resulta preocupante porque los artículos "limitan la libertad de expresión, manifestación, y hacen una riesgosa mezcla entre temas de extorsión y un derecho humano".

La ley manifiesta irregularidades tanto en el fondo como en la forma; por un lado, la velocidad con la que fue aprobada en el Congreso local hizo imposible su análisis; por la otra, contraviene los derechos de los mexicanos.

"En cosa de una semana hubo un cambio sustancial en el estado de Tabasco; y es la aprobación a golpe de tambor de iniciativas que modifican temas de libertad de expresión", aseguró Olivares Ferrero.

La vocera de Amnistía Internacional catalogó de penoso el actuar del ejecutivo. "Lamentamos que cualquier autoridad política del país se manifieste a favor de una iniciativa como esta. El estado mexicano tiene una serie de compromisos y debe garantizar la libertad de expresión, no importa qué nivel en el gobierno ostentes", concluyó.

El presidente es el fondo de todo 

Telésforo Nava Vázquez, doctor en Estudios Latinoamericanos y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue un paso más allá que la ONG, y aseguró que lo que ocurre tanto en Baja California como en Tabasco es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la ley que limita las manifestaciones en Tabasco, Nava dijo que se trata de la judicialización y represión política de un estado, con miras a reproducirse en todo el país. ¿Por qué en Tabasco? la respuesta se halla en la refinería Dos Bocas, proyecto insignia de López Obrador.

"Quien lleva a cabo la 'Ley Garrote' es Obrador porque sabe que va a haber oposición. La refinería va a afectar la naturaleza y la gente de Tabasco y Chiapas se va a oponer. Él lo sabe y no va a aceptar oposición, no quiere que lo paren", explicó el académico.

La puesta en marcha de la ley permitirá usar "bestialmente" la fuerza pública, y es algo que no sucedió "sin la aprobación de López Obrador, según ahondó el académico, quien recordó que mientras fue oposición, el presidente invadió campos petroleros y paralizó expropiaciones, aunque ahora se posicione en contra.

Algo similar ocurre con la "Ley Bonilla", la cual es para Telesforo Nava, es un claro ejemplo de una ley que se ha impuesto por los intereses de un gobernante. Bajo esta lógica, en realidad es López Obrador quien está detrás de la ampliación del periodo de gobierno en Baja California, pues está averiguando si es posible hacer lo mismo a nivel nacional.

Pese a que el tabasqueño ha negado en distintas ocasiones su deseo por reelegirse, Nava lo asume como una falacia, con la que sólo busca "librarse de posibles estorbos y competencias".

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El panorama es oscuro desde la perspectiva de este analista, quien asegura que México se perfila a tener un gobierno autoritario.

Las contradicciones del presidente 

No todos los analistas coinciden con Nava. Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló en entrevista que en realidad no se le puede atribuir al presidente una responsabilidad directa sobre lo que ocurre en las entidades. Sin embargo, acepta que debió tener una postura diferente ante su implementación.

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"La responsabilidad de López Obrador es no haber dado un "no" tajante a estas iniciativas. No hubo una postura de presidencia para decir que políticamente estaba en absoluto desacuerdo; eso no escuchamos nunca y ahí tiene una clara responsabilidad al no haber sido coherente con lo que ha venido diciendo", señaló Edgar Cortez.

Sobre la justificación que el mandatario intentó construir entorno a la "Ley Garrote", tachó de inaceptable su argumento, pues ya existen leyes penales que regulan los chantajes.

Si de alguien es la responsabilidad, es de los gobernadores de Baja California y Tabasco, al igual que del congreso local, que se encarga de aprobar las propuestas de ley.

En lo que si coinciden los dos analistas, es en que ambas son pésimas modificaciones que vulneran los derechos de las personas. En un caso porque reprime y criminaliza a quien decida participar en una protesta ciudadana, y en el otro porque niega las reglas básicas de la democracia.

"Con la Ley Bonilla el gobierno de Baja California hizo a un lado el reconocimiento de las prácticas democráticas. Para mi esa extensión del período es equiparable a un fraude electoral", detalló.

En cuanto a lo que ocurre en Tabasco, recordó que algo semejante se ha intentado implementar años atrás en Puebla y Quintana Roo. "Ahora lo vemos de nueva cuenta; y el problema es que si combinas estas modificaciones con el hecho de que la Fiscalía sigue siendo un organismo al servicio de los gobernadores (aunque se digan independientes) tienes un pésimo resultado para el ciudadano".

Un pueblo decepcionado con su dirigente

Alma Piña, vocera del colectivo Comunidad Baja California Resiste, coincidió con Edgar Cortez, pues para ella lo que ocurre en su entidad compete más al gobernador que al presidente. Sin embargo, admitió sentirse decepcionada de que el mandatario no intentara frenar un acto inconstitucional.

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Para ella, es claro que López Obrador tiene una deuda pendiente con el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, quien lo apoyó en sus años como candidato. " Es posible pensar que Bonilla se siente apoyado por el presidente y se cobra el apoyó que le brindó años atrás. ¿Qué le debe el presidente a bonilla? porque éste ha sido un funcionario que viene con problemas de origen y aún así aquí sigue", concluyó.