Gobierno de Puebla firmó decreto para liberar a mujeres encarceladas por abortar

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa firmó un decreto a partir del cual empezarán las acciones legales de "preliberación o indulto" para las mujeres que hayan sido encarceladas en ese estado por abortar, así como para aquellas que, bajo presiones, hayan incurrido en la posesión de drogas.

Este acto se realizó durante el conversatorio "Avances y retos en la consolidación del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia en las mujeres en Puebla" donde el morenista declaró que su objetivo no es confrontar a los poblanos.

"No seré un gobernador que ponga a su pueblo en choque, vamos a ser cuidadosos en todos estos temas", dijo el mandatario y agregó que será un aliado que buscará generar condiciones favorables para las mujeres durante su administración.

Barbosa igualmente anunció un paquete de reformas en materia de violencia de género que se enviarán al Congreso estatal con la intención de que se se aprueben en un periodo extraordinario.

Al respecto, Vianey García, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado,  celebró la noticia pues considera que ninguna mujer debe pisar la cárcel por decidir sobre su cuerpo y en este sentido concluyó que "la libre decisión es nuestro derecho".

Por medio de su cuenta de Twitter, la senadora por el estado de Guanajuato, Martha Lucía Micher Camarena, afirmó que para poner en práctica estas decisiones "habremos de colaborar con le gobierno de Puebla" para erradicar la violencia de género y para trabajar en el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes.

También informó que con esta acción, Miguel Barbosa se convirtió en el primer gobernador en anunciar y firmar un decreto que favorece a las mujeres poblanas privadas de su libertad por aborto. Según información de medios locales, cerca de 11 mujeres podrían ser liberadas, aunque sería hasta el próximo año.

La lucha por un aborto libre

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la criminalización del aborto materializa la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres y esto permea en la cultura y en todas las instituciones del Estado.

Además, impacta en la esfera privada de las mujeres y afecta, según el GIRE, de manera concreta a quienes proceden  de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva.

Un ejemplo de la lucha por el aborto libre y sin castigos es el Centro Las Libres, encabezado por Verónica Cruz Sánchez, es una asociación que ha trabajado durante dos décadas para liberar a unas 200 mujeres encarceladas por haber abortado.

En entrevista con Notimex, Cruz Sánchez afirmó que "las mujeres cuando abortamos no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción".

Nació en agosto de 2000, cuando el gobierno de Guanajuato eliminó la única causal por aborto: la violación, es decir, si una mujer decidía abortar, tendría que purgar penas de hasta 30 años. Sin embargo, gracias a su lucha se logró que se vetara la ley en el estado.

Desde el año 2015 a la fecha, en Puebla se han perseguido a 38 mujeres por interrumpir su embarazo, a causa de que este procedimiento no está legalizado, por lo que con el decreto de estas características se da un paso importante para terminar con la criminalización de las mujeres que abortan.

A pesar del panorama, el decreto representa un avance en materia de derechos humanos y va en concordancia con la decisión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) avalara la Norma Oficial Mexicana (NOM 046-SSA2-2005).

La Norma ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación sin la necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público o tenga el permiso de alguna autoridad.