
A finales de mayo se aprobó el nuevo programa sobre contingencias ambientales para la Zona Metropolitana del Valle de México, pero recientemente el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa emitió un amparo a favor de Greenpeace, la cual solicitó la disminución del puntaje que éste establece para activar la contingencia.
A través de ese procedimiento legal, la organización ambientalista buscaría que se le hagan cambios al programa para que las contingencias se activen a partir de los 100 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) y no desde los 150, que actualmente están establecidos.
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Los valores "que se usan según el Imeca son de por sí permisivos, ya que los parámetros que establece como límites para decretar la contingencia corresponden a niveles de contaminación muy altos que ponen en riesgo la salud de las personas", explicó Pablo Ramírez, responsable de los temas de calidad del aire en Greenpeace México.
Es importante mencionar que el amparo no es definitivo, sino que sólo se da mientras un juez confirma la decisión, la cual, si es a favor de Greenpeace, obligaría a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a establecer las medidas preventivas que señala la organización civil.
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Si bien el protocolo actual endureció las medidas en el programa Hoy No Circula, el cual incluye restricciones para los automóviles con hologramas "0" y "00", estas aún no son suficientes para los ambientalistas, ya que no presentan un impacto benéfico para la salud de la población.
Por su parte, la CAMe acatará el fallo del amparo, sin embargo, las autoridades expresaron que podrían tener problemas para hacerlo y manifestaron que el protocolo señala que a partir de los 140 puntos se activarán fases preventivas.
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En entrevista con el periódico Reporte Índigo, Pablo Ramírez mencionó que son conscientes de que bajo el nuevo esquema que piden, las contingencias se activarían con mayor regularidad. Incluso se "multiplicarían", pero no hacerlo "se sigue estableciendo que los muertos por la calidad del aire son aceptables".
Frente a este asunto, la secretaria del Medio Ambiente de Ciudad de México, Marina Robles García, advirtió que habría consecuencias negativas en términos económicos y sociales para la población, pues serían muchas familias las que se verían afectadas en términos de movilidad.
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Además, aclaró que el amparo que el juez otorgó a la organización ambiental internacional se trata de una "resolución provisional y no implica que quede desactivado el protocolo que ya tenemos".
También señaló que la intención de Greenpeace es buena, porque plantean una aspiración a la que todo el mundo le apuesta. "El punto es que tenemos que hacerlo de manera gradual. Eso es el reto y la oportunidad".
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Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, espera que el juez que emitió el amparo le dé la razón a la CDMX respecto a su política ambiental, pues "se trabajó mucho con científicos para generar ese plan de contingencias, el juez va a ser sensible, no puede ser que una organización político ambiental defina la política pública".
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