El robo a celulares se duplicó en Jalisco (Foto: Twitter @xpery)
El robo a celulares se duplicó en Jalisco (Foto: Twitter @xpery)

El diputado local por Movimiento Ciudadano, Javier Romo Mendoza presentó una iniciativa para incluir, en el Código Penal de Jalisco, tres artículos que sancionen a quienes roben, comercialicen o compren celulares robados con una pena de hasta ocho años de prisión.

En el proyecto para reformar el Código Penal de la entidad se propone aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quienes roben un teléfono móvil, vendan, desbloqueen o remarquen un equipo de esta procedencia.

Para quien adquiera un dispositivo hurtado, el legislador propone una sanción de 16 a 32 meses de cárcel. Y si estos productos se comercializan en un local establecido se aplicará la cancelación definitiva de licencias o permisos.

El diputado de Movimiento Ciudadano busca tipificar el robo a celulares (Foto: Twitter @JaviRMendoza)
El diputado de Movimiento Ciudadano busca tipificar el robo a celulares (Foto: Twitter @JaviRMendoza)

Con esta reforma, el diputado Romo Mendoza, busca perseguir de oficio el robo a celulares, con lo que lograría que la Fiscalía del estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos para disminuir el riesgo de los ciudadanos a ser asaltados.

En el proyecto se contempla que el uso de armas de fuego o las lesiones causadas durante el robo del equipo móvil será considerado un agravante, por lo que el castigo podría aumentar de siete a 15 años de prisión.

La pena se incrementaría entre cinco y 10 años si el teléfono guardaba información personal biométrica y financiera y de comprobarse que los datos fueron usados se añadirían de seis a 12 años a la condena.

La iniciativa pasará al Congreso local para ser discutida (Foto: Twitter @JaviRMendoza)
La iniciativa pasará al Congreso local para ser discutida (Foto: Twitter @JaviRMendoza)

La iniciativa "No le compres a Robinho" también incluye sanciones a las autoridades coludidas en la comercialización de dispositivos hurtados en espacios públicos abiertos, ya sea por acción u omisión. El castigo para los funcionarios irá desde la inhabilitación y retiro del cargo hasta prisión por dos años.

En 2017, el robo a celular en México fue de 939.000 celulares, de acuerdo con la última estadística de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). De ese número, aproximadamente 1.000 fueron usados para hacer llamadas de amenazas de secuestro y extorsión.

En Jalisco, el 43% de los robos a transeúntes denunciados de diciembre a mayo, los meses que lleva el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez,  fueron sustraídos los teléfonos móviles. De acuerdo con el ejecutivo local, la incidencia se duplicó.

En el corte de seguridad de mayo de 2019, el gobernador admitió que el robo a celulares es un tema pendiente para su equipo de su seguridad.