Documentos relacionados con el caso de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo y con el asesinato del activista Samir Flores se encuentran entre los miles de expedientes que dependencias de México han perdido.
Gordillo fue apresada en 2013 por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, mientras que Flores Soberanes fue asesinado el pasado febrero en Morelos. Sin embargo, la información sobre ambos casos no puede encontrarse ya en dependencias públicas.
Samir Flores era el líder de quienes se oponían a la termoeléctrica de la Huexca en Cuautla (estadode Morelos). El pasado 20 de febrero fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en Amilcingo.
El periódico El Universal informó que fue la Fiscalía General del Estado de Morelos la que "confesó" que no puede localizar parte de las pruebas del asesinato.
Así como esos ejemplos está el caso de lo ocurrido el pasado enero, cuando dos contenedores del Instituto Jalisciense de Asistencia Social se incendiaron y se perdió así la información de mil 200 denuncias por robo de vehículos y autopartes.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)no sabe donde está la información de convenios suscritos por 183 millones de pesos.
Un caso que se hizo viral en redes sociales fue el del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su archivo, con importantes documentos del siglo XIX, terminó en una recicladora de papel.
La Jornada reveló a mediados de marzo que los documentos se vendieron por kilo a la recicladora.
Entre los valiosos papeles estaba una colección completa de periódicos, revistas y publicaciones culturales del siglo XIX, así como de la época posrevolucionaria en el país.
Aunque trataron de rescatar algunas de las piezas, la mayoría del acervo fue destruido.
Ante tal situación, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, se pronunció para que las entidades se comprometan a resguardar la memoria histórica del país.
Fueron los representantes de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz quienes hicieron un llamado para que todas las entidades del gobierno gestionen y preserven la documentación que producen, algo a lo que estarán obligadas a partir del próximo junio, según la Ley General de Archivos (LGA).
También solicitaron a las autoridades que se investiguen las circunstancias de los incendios que provocaron la pérdida de información, al igual que el extravío de otros documentos para esclarecer otros delitos.
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