De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador mexicano identificado como el cerebro financiero de la red de robo de combustible del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanzó a un segundo operador y nueve entidades, en la ofensiva más amplia contra el llamado huachicol fiscal hasta la fecha.

Su función dentro del cartel va más allá de la contabilidad: Juraidini Silva diseña y opera el entramado societario que permite al CJNG evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tributo mexicano que grava la importación de combustible. Para sostener ese esquema, crea empresas fantasma y falsifica documentos aduaneros que reclasifican los cargamentos de gasolina y diésel antes de que crucen la frontera.

Con ese mecanismo, los cargamentos llegan a territorio mexicano sin que las autoridades detecten su verdadera naturaleza ni cobren el impuesto correspondiente. El resultado es una ventaja comercial artificial que el CJNG monetiza a través de una red de gasolineras afiliadas y expendios informales de carretera.

Bajo su control directo operan siete empresas distribuidas en sectores de apariencia legítima: seis con sede en México —en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario— y una séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, registrada en el Reino Unido. Esa ramificación internacional convierte a Juraidini Silva en el eslabón que conecta la operación fronteriza con el sistema financiero global.

Las siete empresas de Juraidini Silva

En su control operan seis firmas mexicanas en sectores de apariencia legítima: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes. La séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, tiene sede en el Reino Unido, lo que extiende el esquema más allá del corredor fronterizo entre México y Estados Unidos.

Dichas compañías operan en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, sectores que el Tesoro señala como vehículos habituales para disfrazar los flujos de dinero ilícito. La diversificación sectorial le permite a la red mezclar ingresos del combustible de contrabando con transacciones aparentemente ordinarias.

El segundo operador: J. Refugio Ruiz Villagomez

El segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a dos empresas de logística: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin los permisos que exige la Secretaría de Energía de México y, según las autoridades, pagaron sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

Las dos firmas de Ruiz Villagomez manejaron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. La OFAC las designó por proveer apoyo material al CJNG, la misma figura legal que se aplica a quienes financian organizaciones terroristas.

Facturas falsas y redes de fachada

Tanto las empresas de Juraidini Silva como las de Ruiz Villagomez emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible ante las autoridades mexicanas. Ese papel les permitía actuar como comercializadoras con permisos de la Comisión Nacional de Energía, aunque carecían de las autorizaciones de importación que la ley exige.

El combustible —gasolina, diésel y nafta comprados a distribuidoras estadounidenses— se desviaba hacia redes interconectadas de empresas fachada en los sectores de transporte y logística antes de cruzar la frontera en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o embarcaciones de flotas clandestinas. Los cargamentos llegaban a patios de almacenamiento bajo control del cartel y se vendían en gasolineras afiliadas o expendios informales de carretera.

Pagos y lavado de dinero

El Tesoro identificó dos métodos principales de pago entre las redes mexicanas y los distribuidores de combustible en Estados Unidos. El primero son transferencias internacionales y pagos en activos digitales canalizados a través de empresas pantalla; el segundo son depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias con ganancias del narcotráfico, una modalidad que las autoridades clasifican como lavado de dinero basado en comercio.

Los distribuidores estadounidenses cómplices ocultaban esas ganancias mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor, bienes raíces y activos de inversión. Esa capa adicional de opacidad dificultó durante años la detección de los flujos por parte de los organismos reguladores.

La investigación y las agencias detrás de las sanciones

Las sanciones surgieron de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), con participación de la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró en el desarrollo de las designaciones y bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por la OFAC más nueve personas adicionales detectadas en su propio análisis.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos” y que las acciones del Tesoro “avanzan la prioridad de la administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”.

Contexto: el huachicol como negocio paralelo al narco

El huachicol —término coloquial para el robo y contrabando de hidrocarburos en México— es hoy la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más cuantiosa para los cárteles mexicanos. El CJNG y otras organizaciones criminales obtienen decenas de miles de millones de dólares en pérdidas para el gobierno mexicano mediante el robo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el soborno a empleados, la perforación ilegal de ductos, el asalto a pipas y amenazas a trabajadores.

El combustible robado llega al mercado negro en todo México. Reportes públicos estiman que entre un cuarto y un tercio de todo el combustible que se vende en el país es de origen ilícito.

El CJNG recibió su primera designación del Tesoro el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Reyes de los Narcóticos Extranjeros. El Departamento de Estado lo catalogó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, lo que amplió el marco legal disponible para perseguir a sus financiadores y operadores en cualquier parte del mundo.

En los 12 meses posteriores a la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de mayo de 2025 sobre contrabando de crudo, esa agencia recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones irregulares entre Estados Unidos y México. Los estados con mayor presencia de sujetos investigados fueron Texas y Florida; dentro de Texas, las ciudades de Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen concentraron la mayoría de los casos, todos vinculados a las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte.