La organización Amnistía Internacional destacó que la creación de la Guardia Nacional, un proyecto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es una contradicción con el derecho internacional de Derechos Humanos.
"El uso de fuerzas armadas para tales labores debe ser excepcional y estar sujeto a varias limitaciones", destacó la organización en un documento enviado al Congreso de la Unión.
Y es que para prevenir el delito, preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en México, el mandatario propuso la Guardia Nacional, conformada, entre otros, por elementos del Ejército y la Marina.
Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como México "pueden desplegar a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna".
Pero en dichos casos, la CIDH ha señalado que los Estados deben siempre "limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas".
La Cámara de Diputados ya aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para su creación, aunque falta que el Senado de la República apruebe el proyecto.
Según el dictamen de los diputados, la Guardia Nacional será una institución de carácter y dirección civil, pero será apoyada por una junta de jefes del Estado Mayor integrado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Sin embargo, en la propuesta de reforma constitucional, tal como aparece en el dictamen aprobado "no se imponen límites claros a las funciones de seguridad pública desempeñadas por las Fuerzas Armadas requeridos bajo el derecho internacional", señaló.
Debido a que la propuesta considera modificar el artículo 21 de la Constitución para permitir a la Guardia Nacional participar en la investigación de los delitos y, en general, actuar como auxiliar del Ministerio Público, el análisis estableció que eso "está en contra del derecho internacional que señala que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en acciones propias de la persecución de delitos y administración de justicia".
Además, como lo ha establecido la CIDH, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública "debe ser subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial".
Amnistía Internacional recomendó al Congreso de la Unión "desistir de la intención de crear la Guardia Nacional conformada total o parcialmente con elementos militares".
Pero en caso de que la Guardia Nacional sí inicie operaciones, recomendaron asegurar que los elementos militares actúen subordinados a
autoridades de seguridad pública o ciudadana de carácter civil y no actúen como auxiliares del Ministerio Público".
Rechazo y disgusto del presidente
Organizaciones civiles, diputados, politólogos han hecho público su rechazo a la formulación de este cuerpo de seguridad, que aseguran, significa la profundización de una política militar a nivel nacional.
En tanto, AMLO expresó su disgusto por la redacción final de la reforma constitucional que permitirá la integración de la Guardia Nacional, ya que en los términos en que los diputados aprobaron la reforma, el texto legal será "prácticamente una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó porque no se le dio fuerza desde que se creó, en el Gobierno de Ernesto Zedillo", dijo.
La reforma pasará al Senado que, como cámara revisora, podrá hacer las modificaciones pertinentes.
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