En México las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, un conjunto de tradiciones que las leyes nacionales otorgan valor legal siempre que no choquen con la Constitución.
La compraventa de mujeres es una de esas prácticas ancestrales que, aun cuando atenta contra los derechos humanos y distintas leyes, es común en pueblos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente.
Un caso reciente que levantó de nuevo la polémica ocurrió en la ciudad de Casas Grandes, estado de Chihuahua, donde las autoridades detuvieron a un hombre de 28 años que pago 65.000 pesos (unos 3.400 dólares) para comprar como esposa a una niña de 12 en Guerrero.
Sin embargo, tuvieron que liberarlo porque, formalmente, no había delito qué perseguir, pues no había denuncia y en la comunidad guerrerense es "legal" la compraventa de mujeres bajo los usos y costumbres.
La niña de 12 años, identificada sólo con las iniciales SRL, quedó bajo resguardo de un Centro de Asistencia Social, a cargo del DIF estatal y de la Unidad de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y de Trata de Personas.
El hombre se llama Alberto Ortiz Aguilar, tiene 28 años y es originario de la comunidad de Zacatlán de Juárez, municipio de Tolcayuca, en Guerrero. Una denuncia anónima alertó a las autoridades de la presencia de la menor en su casa, en donde fue detenido y vivía ya con otra esposa y tres hijos.
En su declaración Ortiz Aguilar explicó a las autoridades que "compró" a la menor en su tierra natal, donde se rigen por el sistema de usos y costumbres.
Las autoridades revisaron el teléfono del detenido y comprobaron que la menor no había sido robada ni engañada y que su familia había estado de acuerdo con su compraventa.
Las autoridades tuvieron que dejar en libertad al hombre, mientras la Fiscalía Especializada de la Mujer sigue la investigación para comprobar si hay algún delito que perseguir.
Al difundirse el caso, Emma Saldaña Lobera, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, advirtió que "ningún uso o costumbre está por encima de los derechos humanos".
La funcionaria aseguró que claramente se cometió el delito de trata de personas y, aunque en el estado de Guerrero este tipo de situaciones estén normalizadas por los usos y costumbres, trasgreden los derechos de la menor, cuya integridad debe salvaguardarse de manera prioritaria.
"Además se vulnera el artículo primero de la Constitución, que indica que en México todo individuo gozará de las garantías que esta otorga", explicó.
Saldaña Lobera señaló también que en el artículo segundo, párrafo dos, se habla de que los pueblos y comunidades indígenas pueden aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, siempre y cuando respeten las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
También dijo que el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas no puede admitirse cuando no se considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de niños y niñas, o el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.
En 2014, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio en México, sin el otorgamiento de dispensas o excepciones.
A pesar de ello, los Registros Administrativos de Estadísticas Vitales sobre Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en 2015 se encontraban casados formalmente 75 mil 443 adolescentes de entre 12 y 17 años, y más de 300 mil vivían en unión libre. En ambos casos, el 80% de las uniones correspondía a niñas o mujeres adolescentes.
Contra esta práctica hay en México una campaña contra los matrimonios de niños y niñas que se llama #NiñasnoEsposas, impulsada por la organización civil Save the Children, que ha recolectado testimonios de niñas casadas.
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