Una organización civil con sede en Washington puso el dedo en la llaga de la justicia militar en México, donde sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército ha tenido castigo.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República (PGR) inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por delitos como tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada.
Pero la PGR sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos, lo que significa una eficiencia de investigación de sólo 3,2% contra militares, de acuerdo con el informe "Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados en México", elaborado por WOLA.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", anota el reporte.
En su documento, producto de un trabajo de 11 meses, la organizaciones civil estadunidense advierte que las autoridades militares mexicanas "han llegado a impedir o retrasar" las investigaciones de la autoridad civil por iniciar las suyas al mismo tiempo.
WOLA destaca casos en los que al parecer soldados mexicanos han alterado escenas del crimen y decisiones de jueces federales que han entorpecido las investigaciones del orden civil en contra de militares implicados en delitos y violaciones a derechos humanos.
Afirma además que en 10 años de una política de seguridad de lucha contra el narcotráfico, el gobierno mexicano privilegió la participación militar y dejó en segundo plano el fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público.
"Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas".
El gobierno mexicano responde
Al conocer el documento, el gobierno mexicano emitió un comunicado de prensa en el que expresa su compromiso por seguir "impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos".
Firmado en conjunto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la PGR, afirma que México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil, y argumentó que la PGR "ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones".
El gobierno aseguró que ya aplica acciones para atender las recomendaciones de WOLA y destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado.
"Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil", anotó en el comunicado.
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