La violencia que enfrentan quienes luchan por el medio ambiente persiste a escala global, con 146 asesinatos o desapariciones documentados en 2024, según el informe anual de Global Witness, citado por Time. América Latina sigue concentrando la mayoría de estos crímenes y Colombia permanece como el país más letal, con un tercio de los casos registrados a nivel mundial.
El informe de Global Witness, publicado en 2024 y recogido por Time, advierte que la cifra real podría ser aún mayor, ya que muchos ataques no se reportan y existen obstáculos para verificar numerosos casos. Aunque las víctimas disminuyeron frente a los 196 casos de 2023, la organización aclara que esta reducción no refleja necesariamente una mejora en la seguridad de los defensores ambientales. El subregistro se mantiene en todo el mundo, mientras que aumentan tácticas de silenciamiento, como secuestros y criminalización.
América Latina concentra la violencia
El 82% de los asesinatos y desapariciones ocurrieron en América Latina, una tendencia sostenida desde hace más de una década. Colombia lidera con 48 asesinatos, lo que equivale a un tercio de los ataques mortales mundiales. México y Brasil también aparecen entre los países más afectados, con 18 y 12 casos respectivamente. En Guatemala, los asesinatos documentados se elevaron de cuatro en 2023 a 20 en 2024, multiplicándose por cinco en un solo año.
El informe atribuye el aumento en Guatemala a los cambios políticos tras la asunción del presidente Bernardo Arévalo, quien llegó al poder con promesas de combatir la corrupción, reducir la desigualdad y atender la discriminación contra los pueblos indígenas, luego de varios años de deterioro institucional. Según Global Witness, los periodos de transición política suelen coincidir con incrementos en los ataques, como ya ocurrió en Colombia tras la llegada de Iván Duque y en Filipinas durante el inicio del gobierno de Rodrigo Duterte.
Principales causas y contexto legal
La mayoría de las víctimas defendía su territorio frente a actividades extractivas. De los casos documentados en el último año, 29 estuvieron relacionados con minería y extracción de recursos, ocho con la tala de bosques y cuatro con el agronegocio. Más del 62% de los ataques guardan relación directa con disputas por la tierra o procesos de reforma agraria, según Global Witness.
El contexto legal y político aumenta la vulnerabilidad de los defensores. Rachel Cox, campañista principal de Global Witness, explicó a Time: “Los Estados de todo el mundo están utilizando sus sistemas legales como armas para silenciar a quienes defienden nuestro planeta”. Cox subrayó que la impunidad sigue siendo la norma, ya que los gobiernos evitan responsabilizar a los agresores, perpetuando el ciclo de violencia. El informe alerta también sobre el crecimiento de la criminalización y el uso de sistemas judiciales para intimidar y acallar a los activistas.
A nivel internacional, el análisis de Global Witness encuadra estos hechos en un escenario de retrocesos en políticas ambientales y de derechos humanos. Entre los ejemplos presentados figuran la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y del Consejo de Derechos Humanos, junto con el debilitamiento de normas de protección en la Unión Europea. Estos cambios estarían afectando negativamente la protección de defensores ambientales.
Global Witness insiste en que se requiere un cambio urgente. Laura Furones, autora del informe, declaró —según Time—: “Es fundamental que gobiernos y empresas cambien el rumbo para proteger los derechos de los defensores en lugar de perseguirlos”. La organización advierte que proteger a quienes defienden la tierra y el medio ambiente resulta esencial para el futuro del planeta y la humanidad. Si la sociedad sigue ignorando esta situación, podría perderse toda posibilidad de un futuro seguro para todos.turo seguro para todos.
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