La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

Mientras el Gobierno español y la Comisión Europea tratan de separar la avalancha migratoria en Ceuta de las relaciones diplomáticas con Marruecos, el Parlamento Europeo ha decidido elevar el tono contra Rabat y amenaza con congelar acuerdos que ya entran en su fase final. La resolución que salió adelante en Estrasburgo el pasado jueves calificó los hechos del 30 y 31 de julio como “una invasión” y planteó la responsabilidad de Marruecos.

Y aunque el texto no tenía efectos más allá del plano político (ni comerciales ni diplomáticos), una posición más crítica de los eurodiputados hacia Marruecos compromete la reforma del tratado comercial entre la UE y Marruecos, el acuerdo que la Comisión Europea y los Veintisiete firmaron en 2025 y que queda pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo.

La reforma incluye el comercio con los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí a través de dos disposiciones. La primera incluye la preferencia arancelaria para las frutas y hortalizas originarias de la antigua colonia española; y la segunda incorpora un mecanismo de etiquetado que no distingue a los productos saharauis de los originarios marroquíes.

También propone un intercambio de información anual en el Comité de Asociación, un órgano encargado de vigilar la aplicación del pacto, para evaluar cómo llegan a la población saharaui los beneficios atribuidos a la relación comercial y pesquera. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones de la UE desde Marruecos superaron el año pasado los 5.200 millones de euros anuales, mientras que las exportaciones comunitarias hacia el país magrebí rondan los 3.800 millones de euros.

La Eurocámara tiene la última palabra, con un PPE enfurecido

En los últimos años, Marruecos se ha labrado la posición de socio prioritario para la Unión Europea en materia comercial, de lucha contra el terrorismo y control migratorio. El acuerdo llegó fruto de un constante —y muy discreto— intercambio de cartas entre las autoridades comunitarias y la monarquía alauí, sobre todo a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estableció que el consentimiento del pueblo saharaui sobre un acuerdo comercial no siempre debía expresarse de forma directa.

La Comisión y los Estados miembros dieron luz verde al acuerdo y desde entonces se encuentra en funcionamiento provisional, ya que para su implementación definitiva debe ser ratificado por la Eurocámara. Y en estos momentos, tras el estallido de la crisis de Ceuta, la votación se prevé muy ajustada, y seguramente fracasaría en caso de producirse hoy.

Especialmente, sabiendo que el Partido Popular Europeo (PPE), la primera familia política de la UE, ya ha superado el tabú de sumar mayorías alternativas con la extrema derecha europea, y que la delegación española, encabezada por la eurodiputada Dolors Montserrat, presiona para que Marruecos rinda cuentas por “acción u omisión” durante la avalancha migratoria.

El PP evita hablar de una ruptura de los acuerdos comerciales, pero entre líneas viene implícito que la formación no está dispuesta a avanzar en esta relación a sabiendas de que la opinión pública mira con especial atención todo lo que atañe a la monarquía de Mohamed VI. Desde el lado de los socialistas, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, el alemán Bernd Lange, también criticó duramente el oscurantismo en las negociaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen y su decisión de aplicar el tratado a la espera de un pronunciamiento de la justicia europea.

A todo esto se le suma la presión de las organizaciones de agricultores europeos, que ya han criticado enérgicamente el acuerdo por “socavar la equidad del mercado”, normalizar la administración marroquí sobre el territorio y facilitar la explotación de sus recursos. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), consideran que esta medida prioriza la estabilidad diplomática con Rabat a costa de la supervivencia de las explotaciones familiares españolas.