Este jueves 20 de enero se ha comunicado que se liberaron las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras cinco personas más acusados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según los detalles que difundió la Fiscalía General de la República FGR.
Esta noticia ya se había dado a conocer el día 10 de septiembre de 2021, pero no fue sino hasta este día que la Fiscalía lo confirmó oficialmente a través de un comunicado donde además detalló cómo se configuraron los hechos delictivos.
Como parte de las indagatorias, la FGR determinó que la organización principal de este grupo estaba a cargo del Víctor Manuel e Inés, pareja de esposos quienes operaban como supuestos representantes de personas morales.
Los señalados por la Fiscalía, además de la pareja, son Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P” y Mauricio “R”, y según se dio a conocer sin especificar quiénes, tres de las siete personas ya se encuentran recluidos en un centro federal de justicia penal.
Además la FGR especificó que para quienes “huyeron del país”, en alusión a la presentadora de televisión y el empresario, ya se obtuvo una ficha de Interpol: “se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”.
Así operaban
Fue en noviembre de 2019 cuando la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada FEMDO, inició una carpeta de investigación en contra de siete personas y siete empresas por su participación en delincuencia organizada.
Los indiciados, personas físicas y morales, se habrían coludido para simular operaciones y dotar de recursos a la señalada como una organización criminal por medio de disminuir cargas tributarias y ocultando operaciones para dificultar el rastreo de recursos.
Para lograrlo, “celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
Según los avances de la FGR, existían dos grupos más: el primero estaba formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales. El siguiente estaba integrado por servidores públicos que facilitaban los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. En esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”. Ambas células trabajaban juntas para concretar los delitos.
De acuerdo con la FGR, en el caso de una de las empresas que intervino, representada por Héctor “Z”, recibió más de 2 mil 500 millones de pesos. También se celebraron dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
“Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante un acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando”, comunicó la dependencia.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes”, se lee en el documento difundido.
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