Aumento desproporcionado del salario mínimo podría disparar la informalidad laboral en Colombia

Empresarios y trabajadores ya dieron a conocer las propuestas que tienen para el aumento salario mínimo de 2023. Los primeros proponen que sea de 14 %, para no golpear la generación de empleo y contrarrestar la desaceleración económica que viene para Colombia y otros países el próximo año, y los segundos proponen que sea del 20 % con el fin de recuperar el poder adquisitivo de quienes devengan este sustento, el cual para este año quedó en 1.117.172 pesos.

Este lunes, la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por el Gobierno, empresarios y trabajadores, se reunió de nuevo con el fin de llegar a un acuerdo, el cual se estima que llegaría a darse antes del próximo 15 de diciembre.

No obstante, la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Mesa de Concertación para que tenga en cuenta importantes variables coyunturales y estructurales del mercado laboral del país en el aumento del salario mínimo para 2023, y si es del caso, se consideren alternativas para mejorar las condiciones de los trabajadores de menor ingreso, que no tengan tanto impacto en los índices de formalización, desempleo, inflación, y acceso a seguridad social como sí lo tiene el salario mínimo legal.

Según explicó la Federación por medio de un comunicado, el IPC (a noviembre de 12.53 %) más el índice de productividad (acordado en 1.24 %) deben ser la única base para el reajuste del salario mínimo, teniendo en cuenta el histórico alto valor de la inflación de este año, y que el año pasado ya se hizo un aumento histórico de casi 5 puntos por encima de la inflación en beneficio de la capacidad económica de quienes lo devengan.

Efectos adicionales

Desde el Comité Técnico de la Federación, compuesto por algunos de los más reconocidos abogados laboralistas, líderes de gestión humana y asesores económicos, se aseguró que cualquier aumento en el salario mínimo mayor al propuesto puede tener no solo efectos inflacionarios adicionales, lo que impulsaría al Banco de la República a aumentar más la tasa de interés y eventualmente a una mayor desaceleración, sino además puede afectar significativamente los ya nefastos índices de informalidad (cercana al 60 %) y desempleo, al ser este el piso de entrada a la formalidad y no considerarse aún en la legislación laboral la realidad asimétrica de las capacidades económicas en el país, particularmente entre la gran empresa y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y entre el sector urbano y el rural.

Asimismo, esta propuso que si se quieren buscar mayores mejoras a los ingresos de los trabajadores de menor remuneración, manteniendo el equilibrio entre trabajadores formales, informales, la generación de empleo y su sostenibilidad, se busquen mecanismos alternos que no incidan en estas bases de liquidación, tales como podría ser un mayor incremento en el subsidio de transporte, y así no se complique aún más la viabilidad de brindar empleo formal de un empresariado aún en recuperación de la pandemia del covid-19, ni se produzcan efectos inflacionarios adicionales.

En relación con la sostenibilidad empresarial y preservación de las fuentes de empleo de los colombianos, Acrip advirtió también que la inflación al productor resultó más acentuada que la del consumidor, siendo más del doble la primera, al ubicarse en un 25,52 %. Es decir, los empleadores ya se ven afectados en mayor proporción por este fenómeno inflacionario, lo que pone en riesgo muchas fuentes de empleo, especialmente en las mipymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial colombiano, siendo la fuente de mas del 9 5% de los empleos del país.

“Un reajuste por encima del propuesto generará mayor desempleo e informalidad, al afectar en mayor proporción a estos pequeños empleadores que son infortunadamente los más vulnerables del mercado laboral. Debemos pensar en este segmento prioritariamente”, puntualizó Acrip.

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