La máquina paramilitar de las AUC y el poder de Carlos Castaño

El 2 de diciembre de 1992, Pablo Escobar fue abatido por el Bloque de Búsqueda tras años de una hostigadora persecución que no bastó con el liderazgo de todas las Fuerzas Armadas de Colombia, sino que la DEA también intercedió en gran parte de las operaciones que, sumadas a la presión que ejercían estructuras como los PEPES (Perseguidos por Pablo), terminaron no solo con la muerte del narcotraficante, sino con una época negra de violencia, carros bomba, planes pistola y guerra de él solo contra el Estado.

Pero la muerte de Escobar no acabó con el conflicto armado: del otro lado, el Ejército no solo tenía que lidiar con Escobar, sino también con la lucha rural que llevaban a cabo las guerrillas. Los acuerdos de paz fallidos en los años 90, sobre todo con las (ya extintas) Farc, llevaron consigo nuevas oleadas de violencia contenidas en tatucos, cilindros bomba, pescas milagrosas y tomas a municipios de casi todos los departamentos del país. Ahora bien, centrados en el líder del Cartel de Medellín, alguien tenía que seguir su legado cumpliendo con la, a veces implícita, ley del narco.

Carlos Castaño Gil era uno de los cientos de pistoleros al servicio del capo, y tres años después de su abatimiento en el tejado de una casa en el barrio Los olivos de Medellín, el nacido en Amalfi (Antioquia) hizo todos los méritos posibles para convertirse en el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), frente paramilitar conformado por casi todas las estructuras creadas para supuestamente ‘cuidar’ sus tierras de las guerrillas.

De 1993 a 1996, Castaño pasó a ser uno de los hombres más poderosos y temidos de Colombia. El 4 diciembre de ese último año, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se tomaron el corregimiento Pichilín, ubicado en el municipio Morra, Sucre. Aproximadamente 50 hombres llegaron en 10 camionetas y citaron a todos los habitantes hombres en el centro del caserío. En total, mataron a 11 de ellos, mientras que muchos otros lograron huir a poblaciones cercanas.

“«Yo escuché que bajaron primero esa cantidad de carros. El 16 de diciembre iba a haber una fiesta porque esa fiesta la hacen todos los 16 de diciembre. Dije yo: “Será que ese poco de carros vienen [...] a respaldar la fiesta”; pero entonces lo que noté raro fue que comenzaron a quemar ranchos, ahí fue cuando dije: “Esto no es cosa buena”»” le dijo un sobreviviente a la Comisión de la Verdad.

La megaestructura paramilitar que buscaba financiarse con el narcotráfico

El ministro de Defensa de ese año, Juan Carlos Esguerra, ofreció una recompensa de mil millones de pesos a quien diera información para capturar a Castaño. Nunca se entregó esa cantidad, pues nadie se atrevió a denunciarlo. Pese a eso, él y sus hermanos (Fidel y Vicente) montaron una cruenta estructura para contrarrestar la barbarie de la insurgencia. El problema, es que ese plan consistía en sembrar el terror a punta de masacres, tomas a pueblos, desaparición, tortura, estigmatización y desplazamiento forzado.

El 18 de abril de 1997 Vicente y Carlos Castaño convocaron a las Autodefensas Campesinas de Boyacá, las de Ramón Isaza y las Autodefensas de los Llanos Orientales a una conferencia que tenía como fin el reagrupar esas estructuras y conformar una con fines políticos y militares: las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre el 16 y 18 de mayo de 1998 se realizó una segunda conferencia, se unieron otros tres grupos: las Autodefensas Campesinas de Casanare, las de Cundinamarca y las de Santander y Sur del Cesar (Ausac). Dos años después fue conformado el Bloque Central Bolívar (BCB) comandado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y con las intervenciones de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

En principio, las AUC se empecinaron en consolidar su plan de expansión para después pedir reconocimiento político en el marco del conflicto armado interno “a través de una narrativa según la cual el Ejército no tenía los recursos ni la capacidad para librar una guerra irregular, y que la manera de derrotar a la guerrilla sería oponerle un ejército irregular que centrara la disputa en el territorio y la población”, según relata la Comisión.

Por ese año, las Farc estaban en plena etapa de expansión atacando estaciones de policía, tomándose diversos pueblos del país y haciendo las famosas ‘pescas milagrosas’, las cuales se vivieron con más intensidad entre 1998 y 2002. La guerra que se avecinaba iba a tener una magnitud poco conocida pese a que el país ya había pasado por el corte de corbata de La Violencia y los muertos envueltos con alambre de púas que eran arrojados al río Cauca.

La lógica de expansión de las autodefensas, según la Comisión estaba guiada por intereses económicos, especialmente los de narcotraficantes que financiaban a las AUC para garantizar la protección de toda la cadena de producción y distribución ante ataques de la guerrilla. Tampoco se expandieron de manera desordenada, sino que lo hicieron de acuerdo a las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos. Dicha lógica estuvo relacionada con la protección de ciertas empresas petroleras y de carbón, tanto extranjeras como nacionales.

Ahora, con respecto a su accionar violento, tanto la Comisión como otras entidades (incluyendo el Centro Nacional de Memoria Histórica y recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz) han dado cuenta de la complicidad y convivencia que tuvo el Ejército y la Policía, así como la participación de miembros de la fuerza pública en las filas de estructuras que también tomaron el nombre de paraestatales, pues como el término lo indica, actuaban de la mano con actores legales.

Solo entre 1995 y 1997, las ACCU perpetraron al menos 34 masacres en el país. En ese último año, ya convertidas en AUC cometieron 70 en Bolívar, Magdalena, Sucre, Antioquia y Cesar.

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