Gobierno realizó una nueva solicitud para extraditar a Aída Merlano desde Venezuela, confirmó el ministro de Justicia

La Corte Suprema de Justicia emitió una nueva condena en contra de la excongresista, Aida Merlano Rebolledo, de 5 años y 6 meses de prisión por exceder los límites de los gastos en campañas electorales. La Sala Especial de Primera Instancia emitió el fallo, donde se anexa la nueva solicitud de extradición en su contra. Recordemos que ella se encuentra bajo custodia del gobierno de Venezuela. La diligencia fue confirmada por el ministro de justicia, Néstor Osuna, que desconoce el tiempo que demoraría en hacerse efectivo el trámite, pues, aunque la decisión sea compartida al vecino país, su gobierno es que determinará como y cuando hacer efectivo dicho pedido.

Para poner un poco de contexto, el alto tribunal encontró que a través de un allanamiento en la casa de la sede de campaña de la exsenadora, más o menos a mediados del año 2018, encontraron soportes de giros y desembolsos de dinero, que al parecer pertenecían a Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein, que en otras ocasiones ya habían estado relacionados a la campaña de Merlano.

Esto fue confirmado por el ministro de justicia, que en diálogo con Caracol Radio, explicó que el fallo y solicitud del alto tribunal se la presentará, al gobierno venezolano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no obstante, el tiempo para hacerse efectivo esto es indeterminado, pues cada país tiene su propia normativa ejecutoria.

Adicionalmente, reveló que se tumbará el artículo del proyecto que vulneraría la libertad de prensa, ya que pretendía usar a los medios de comunicación para hacer “pedagogía penitenciaria”, el cual daría cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional en materia carcelaria.

Supuestamente lo que se buscaba con el proyecto era solucionar el problema del hacinamiento, abordando ejes como la resocialización y lo que se ha denominado como justicia restaurativa. Pero, sobre el controvertido artículo, se hace referencia a la Ley 30 de 1986, donde se obliga a los medios a hacer campañas para evitar la drogadicción y el tráfico de estupefacientes.

En palabras del funcionario, esto se eliminaría o modificaría, pues suscita a que el gobierno se inmiscuya e influya en los contenidos que se publican, por lo que sería un claro caso de censura, violando así la libertad de prensa.

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