Reemplazar penas de cárcel con trabajo comunitario: proyecto del Gobierno recibió el apoyo del Consejo de Política Criminal

El Consejo Superior de Política Criminal (Cspc) dio a conocer que le dio el visto bueno al proyecto de ley con el que se busca reemplazar las penas de cárcel con ‘prestación de servicios de utilidad pública’, así lo conoció la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo.

Con la iniciativa, que aún no ha sido radicada, el Ministerio de Justicia busca, además de fomentar la resocialización, disminuir el hacinamiento que actualmente se registra en las cárceles de Colombia.

Entre las propuestas del proyecto -conocido por el rotativo bogotano-, está que la persona condenada a prisión preste servicios no remunerados “a favor de las instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales” como una opción de sustitución de su pena.

No obstante, en el documento del proyecto de ley obtenido por El Tiempo se aclara que, para beneficiarse con la iniciativa, las personas privadas de la libertad deben tener una condena de prisión de menos de seis años, su pena no debe estar relacionada con conductas en contra de la libertad, integridad y formación sexual, entre otras.

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El Cspc, según conoció el medio bogotano, igualmente destacó que, con la resocialización de los condenados, el Estado se ahorraría aproximadamente 6′972.392 millones de pesos al año, pues cada interno le cuesta actualmente a la Nación 31′179.764 millones de pesos cada año, lo que equivale a 2,5 veces el salario mínimo del país.

Respecto a las demás propuestas que reposan en el proyecto de ley, el periódico El Tiempo conoció que se plantea que, por cada tres días de estudio que curse el recluso, el centro penitenciario le dará dos días de libertad privativa.

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El órgano asesor del Estado en política criminal además dio a conocer al rotativo bogotano que, entre las propuestas del proyecto de ley, el Ministerio de Justicia plantea garantizar un mayor control en los establecimientos de reclusión para evitar el ingreso de elementos prohibidos que puedan llevar a generar nuevos delitos.

“Es tan grave el ingreso de elementos prohibidos a los establecimientos de reclusión que, de no controlarse, el propio Estado estaría incurriendo en la infracción de deberes respecto de la seguridad pública general y respecto de la seguridad del establecimiento carcelario”, señaló el Ministerio de Justicia en su proyecto de ley.

Por ahora, se desconoce la fecha en la que la cartera de Justicia radicará el proyecto de ley ante el Congreso de la República.

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