A punta de ‘lobby’ suavizaron el impuesto a las bebidas azucaradas en el Congreso

Originalmente estaba planteado para que toda bebida con más de 4 gramos por cada 100 mililitros pague el impuesto, pero este umbral se amplió

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En dos reuniones que se llevaron a cabo en el antiguo edificio del Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo, jefe de esta cartera, cedió ante las presiones hechas por algunos congresistas para subir los umbrales a partir de los cuales se empezaría a cobrar el impuesto. Así lo aseguró el portal La Silla Vacía en un informe publicado este domingo 16 de octubre.

El portal en cuestión indicó que en dichas reuniones estuvieron presentes no solamente el ministro Ocampo, sino también su viceministro, Gonzalo Hernández, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, así como los ponentes del proyecto de ley al lado de sus respectivos equipos.

Según La Silla Vacía, el impuesto estaba aplicado para que se cobrara originalmente a bebidas que tuvieran 4 miligramos de azúcar por cada 100 mililitros; pero, en la primera reunión, llevada a cabo el pasado 27 de septiembre, varios congresistas pidieron que se subiera ese umbral a 8 miligramos. Con esta medida, varias bebidas saldrían de la lista a las que se le aplicaría el impuesto.

Luego añade el medio citado que el 5 de octubre se repitió la reunión y que en ambas se acordaron unos umbrales de 6 y 10 gramos. Agregaron que dos congresistas que sobresalieron por participar en la discusión fueron Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y Álvaro Henry Monedero, del Liberal, que insistieron en subir los umbrales.

“Esos fueron cambios pequeños, realmente. El gramaje va a ser gradual y también el impuesto, en ese caso. El de alimentos quedó aprobado como quedó presentado y en ambos casos no se afecta a los pequeños de alimentos y bebidas, dado que ellos no quedarán sujetos al gravamen”, declaró José Antonio Ocampo al salir de la primera reunión.

Durante la segunda reunión, los congresistas insistieron en que se subiera más el gramaje a partir del 2025 y el ministro de Hacienda finalmente cedió. De esta manera, quedó establecido que ninguna bebida que tenga menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros deberá pagar el impuesto en 2023 y 2024; los que tengan entre 6 y 10 gramos deberán pagar 18 pesos, y los que tengan más de 10 gramos deberán pagar 35 pesos. No obstante, estas tarifas subirán gradualmente en los próximos tres años, según indicó La Silla Vacía.

Desde el 2024, las bebidas que tengan entre 6 y 8 gramos pagarían 28 pesos, mientras que las de más de 10 gramos, 55. Por último, desde el 2025, los umbrales bajarían, y más bebidas entrarían a pagar el impuesto: las bebidas que tengan menos de 5 gramos por 100 mililitros no pagarán, entre 5 y 9 gramos, 38 pesos, y 9 o más gramos, 65 pesos.

CUT exigió al Congreso de la República que no se graven las pensiones en la reforma tributaria de Gustavo Petro

En la aprobación del proyecto de reforma tributaria en el primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República, el cabildeo del gran empresariado logró reducir en 3 billones de pesos la meta de recaudo de la iniciativa económica del Gobierno de Gustavo Petro, presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

A pesar de esa disminución, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aún considera que el proyecto de ley mantiene el criterio progresivo en materia fiscal, de que los que más tienen más pagan y por tal los 22 billones de pesos que aún se pueden recaudar son un recurso indispensable para la inversión social y así avanzar en acciones contra el hambre, la pobreza, el desempleo y avanzar en acciones en favor de la salud, la educación, el saneamiento y el agua potable.

A pesar de ello, la CUT considera que esta reforma está aún muy distante de una justicia tributaria que elimine los inmensos beneficios de las grandes corporaciones y los megarricos. De igual forma, alertó que es inconveniente gravar con impuesto de renta las pensiones de 13 millones de pesos en adelante y que, según el Ministerio de Hacienda, afectaría solo al 1 % de los pensionados del país.

En este sentido, exigió al Congreso eliminar del articulado de la reforma el correspondiente al gravamen de las pensiones.

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