Incursiones ilegales en terrenos ponen en riesgo la seguridad nacional, asegura experto

Las actuales herramientas ordinarias del Estado no serían suficientes para solucionar el problema que sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para las autoridades

Jairo Libreros, experto en seguridad y analista político. FOTO: Colprensa
Jairo Libreros, experto en seguridad y analista político. FOTO: Colprensa

Un mensaje claro del Gobierno nacional y una participación más fuerte de la Policía para prevenir y restituir los derechos de los afectados serían necesarios para contrarrestar las invasiones a terrenos, que hoy se han convertido en un verdadero problema en 18 departamentos del país y que afectan la seguridad del mismo.

Así lo resaltó el experto en seguridad y docente de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros, al indicar que ante la imposibilidad de las autoridades de garantizar la integridad de la propiedad privada o en terrenos baldíos, se deje circular el rumor que, con el tiempo, las invasiones podrían legalizarse.

“Bajo ningún presupuesto se puede dejar que corra la idea que las invasiones van a tener resultados positivos con el paso del tiempo. Se requiere un trabajo de política pública muy importante desde el punto de vista de la comunicación y en las decisiones de protección del ordenamiento”, manifestó el experto a Fedegán, por medio de Contexto Ganadero.

Para Libreros, la Policía juega un papel fundamental y se requiere de una participación más activa, pero hoy no cuenta con el número de uniformados necesarios para contrarrestar la situación registrada en el país y que según el informe de la Defensoría del Pueblo ocurrieron 108 casos de incursiones ilegales en Colombia.

“Demandamos una participación mucho más fuerte de la Policía, pero especialmente la que está dispuesta al cargo de los alcaldes municipales o alcaldes distritales, porque también teníamos problemas de invasiones en los cascos urbanos de diferentes ciudades del país”, sostuvo el docente en dicho medio.

Frente al actuar de la Fuerza Pública, destacó que puede hacerlo por solicitud del titular o por decisión del alcalde municipal, en las primeras 48 horas para restituir los derechos a quienes son las víctimas del hecho. Sin embargo, resaltó la importancia de adelantar diálogos con los manifestantes para convencerlos del principio de autoridad para respetar el ordenamiento jurídico y evitar conductas que afecten a los demás.

Advirtió que, si el diálogo no es suficiente, está facultado el uso de la fuerza, que debe hacerse con respeto por el principio de necesidad y proporcionalidad. Para ello, según él, se esperaría que el número de uniformados que hacen parte de la diligencia sea superior al número de invasores y que estos no utilicen armas de fuego. Sin embargo, la realidad en el país es otra.

De igual forma, añadió que el problema en realidad es que en la gran mayoría de invasiones hay un número muy importante de personas acompañadas de manera instrumentalizada de niños, niñas y adolescentes para entorpecer la labor de los alcaldes y de la Policía Nacional.

“En esos casos, la situación puede derivar en alteraciones del orden público, donde uniformados y personas que adelantan este tipo de conductas reprochables pueden terminar afectadas en su integridad personal y también en su vida. Se requiere un trabajo mucho más ordenado por parte del Gobierno nacional, en las situaciones actuales yo creo que hacer uso de las herramientas ordinarias del Estado ya no alcanza para solucionar este problema”, indicó Libreros.

Propuesta de Fedegán

Entre tanto, el experto en seguridad destacó la propuesta que lidera Fedegán por medio de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, de asesorar de manera legal a los ganaderos del país y promocionar las brigadas ganaderas como espacios de acompañamiento gremial. Indicó que es una forma de fortalecer la solidaridad ante estas situaciones que podrían afectar el derecho legítimo a la propiedad privada.

“La propuesta de Lafaurie es entendible, necesaria. En estos momentos se requiere un acompañamiento muy fuerte del Estado, pero también un nivel de colaboración y de solidaridad entre los ganaderos, los agricultores y las diferentes personas que utilizan la tierra de manera legítima para una explotación económica en beneficio de sus familias, de sus intereses y en beneficio del país vía tributación, vía generación de empleo, vía generación de riqueza”, señaló.

Frente a las incursiones de los grupos al margen de la ley asociados con el terrorismo y la insurgencia como promotores de las invasiones, indicó, según Contexto Ganadero, que se debe buscar un mecanismo que permita al Gobierno Nacional prevenir y evitar a toda costa que sectores alejados de la legalidad conformen este tipo de grupos.

“Este tipo de bandas criminales delictivas lo que buscan es generar y desestabilidad, afectar la capacidad de las democracias locales para administrar los asuntos públicos y, de manera particular, explotar el descontento popular que existe en amplios sectores de la sociedad”, indicó.

Finalmente, Libreros exhortó a los ganaderos a trabajar para mantener el esfuerzo de denuncia y generar mecanismos de comunicación con todas las instancias del gobierno, es decir, seccional y nacional.

“Clave mantener el esfuerzo de denuncia para que todo el país tenga conocimiento claro y preciso de las dificultades que se viven a diario en el campo colombiano por cuenta de las invasiones y otro tipo de actividades ilícitas que terminan por perturbar el disfrute y la productividad de estos terrenos. Además de mejorar la comunicación entre las entidades locales”, señaló.

El experto en seguridad sugirió al presidente de la República, Gustavo Petro, crear una estrategia especializada de acompañamiento a las autoridades locales y entregar mayores herramientas de gestión pública a las autoridades locales.

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