Exdirector del DAS condenado por el asesinato de Jaime Garzón no podrá entrar a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha desestimado las pretensiones de José Miguel Narváez de acogerse a esta justicia, siendo él uno de los responsables del crimen que acabó con la vida del abogado y humorista Jaime Garzón. Aunque desde el principio de año se tenía el indició de negación, la orden se ratificó dejando en claro que el exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha faltado a la verdad.

Esta vez fue la Sección de Apelación de la JEP, la que dio el fallo, tras evidenciar, según esta instancia, una absoluta falta de compromiso a la verdad, no solo en el caso de Jaime Garzón, sino también con los presuntos nexos con los paramilitares, entre muchos otros crímenes que se le sindican.

Agrega la jurisdicción, que como requisito, o condición, para ser acogido, es aportar la verdad plena, en este caso, sobre quienes ordenaron el asesinato, así mismo lo que lo planearon y todo lo concerniente con el caso. Como lo señala la declaración anterior, las víctimas no obtuvieron esto, que en principio, fue una promesa para acogerse a esta justicia.

Por ejemplo, dentro del fallo, los magistrados de la JEP aseguraron que en los 3 años que José Miguel Narváez ha estado en esa jurisdicción, el proceso ha sido dilatado, además, que a pesar de todas las pruebas y señalamientos en su contra, además de judicializaciones que están en firme, el mantiene su postura de inocencia.

Cabe destacar que la justicia ordinaria le tiene en firme una condena de 26 años de prisión, sentenciada desde el 2021, además que se le adelantan otras investigaciones por paramilitarismo, aprovechando su alto rango institucional. Por ejemplo, se le vincula con el secuestro de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, la tortura a Claudia Julieta Duque y el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.

De hecho, en la sentencia de la JEP, se le quita cualquier oportunidad de que se le realice una audiencia privada, en caso que decida realmente aportar toda la verdad, pues los reiterados desplantes demuestran la falta de compromiso; y en caso de que lo hiciera, podría generar una revictimización a los afectados, siendo una contrariedad de lo que pretende la jurisdicción.

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