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Desde la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra-Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN) denuncian que desde el pasado 2 de septiembre, hasta la fecha, las comunidades del municipio de San Pablo (Bolívar) están viviendo una situación de vulneración, intimidación y peligro debido a la presencia de hombres armados identificados como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes irrumpieron en la comunidad forzando casas para ocuparlas y establecerse en ellas, imponiendo miedo, zozobra y temor en la población.
La misma organización alertó sobre las amenazas que han recibido las comunidades del sur de Bolívar por las denominadas disidencias de las Farc, Frente 24, que señalan a la comunidad de ser “colaboradores de las AGC, alcahuetas y sapos”, exigiéndoles que desocupen el caserío.
Una de las acciones bélicas que más atemorizó a la población de San Pablo ocurrió el pasado 6 de septiembre. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) expresó que ese día un grupo de paramilitares de las AGC incursionaron en el caserío del corregimiento de Canelos hacia las 3:00 a. m.
“Allí manifestaron a la población civil que harían control territorial y se establecerían en la zona. El día 7 de septiembre de 2022, hacia las 11:00 am, a escasos 150 metros del centro poblado, se desarrollan combates entre presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y tropas del Ejército Nacional”, denunció la organización social.
Una de las poblaciones que más se ha visto afectada por los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados son los niños, niñas y adolescentes que manifestaron que asisten a sus “actividades escolares bajo su cuenta y su propio riesgo”.
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Según las denuncias, tanto de Credhos como de la ACVC-RAN, esta situación agrava la problemática para estas poblaciones que “no cuentan con garantías básicas para la educación rural y que ahora, enfrentan el riesgo contra su vida por tener que desplazarse al casco urbano de San Pablo para recibir las clases y por el riesgo latente de que se presenten enfrentamientos armados, como ya ha ocurrido en otras veredas en el sur de Bolívar”.
La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ya activó la ruta de protección comunitaria, advirtiendo a las autoridades civiles sobre la garantía, promoción y protección de los derechos humanos.
“Sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna desde la institucionalidad. Es preocupante que ante la gravedad de los hechos las autoridades sigan sin reaccionar, se hace urgente atender la inminente crisis humanitaria que está en desarrollo en el sur de Bolívar ante la confrontación entre los diferentes grupos armados legales e ilegales”, se lee en la denuncia pública con fecha de 8 de septiembre.
Por su parte, Credhos anunció que frente a estos hechos, “exigimos a los actores armados el respeto al Derecho Internacional Humanitario, excluyendo a la población civil y sus bienes de la confrontación armada. Llamamos al cese multilateral del fuego y las hostilidades, así como la búsqueda de la paz completa”.
Finalmente, le exigen a las autoridades nacionales competentes la aplicación de la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 emitido por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes, defensores, comunidades y de alcaldes y gobernadores de las zonas más afectados por la violencia en Colombia.
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