Autoridades colombianas destruyen siete dragas que pertenecerían al Clan del Golfo en Buenaventura

En las últimas horas, la Armada Nacional de Colombia anunció que durante el desarrollo de una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, destruyó siete dragas en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

Durante la operación, además de destruir, de forma controlada, las siete dragas que estaban siendo utilizadas para la minería ilegal, también se hallaron 12 motobombas, tres unidades de producción minera y herramientas para la extracción de oro.

De acuerdo con las autoridades, los elementos destruidos sirvieron para que los delincuentes deforestaran el bosque, provocando, así, el desplazamiento de la fauna, la contaminación de fuentes hídricas y daños en el suelo y subsuelo.

Así mismo, la Armada Nacional se informó que la maquinaria destruida estaba avaluada en, aproximadamente, 250 mil millones de pesos. Gracias a esta maquinaria la Subestructura Baudó del Clan del Golfo, conforme revelaron las autoridades, percibía, mensualmente, cerca de 73 mil millones de pesos en rentas ilegales.

Para consolidar este golpe a la explotación ilícita de yacimientos mineros, se desplegaron dos pelotones del Ejército Nacional, que junto a la Patrulla Logística de Combate de la Armada, a uniformados de la Policía y funcionarios de la Fiscalía, que llegaron al sector Bajo Calima, guiados por unidades de la Fuerza Aérea colombiana, que había logrado obtener imágenes de este complejo minero ilegal.

Las autoridades recordaron que la minería ilegal es una de las mayores fuentes de contaminación ambiental en el Pacífico colombiano, debido a que se realiza sin ningún tipo de control ni consideración por el ecosistema.

La minería ilegal provoca que elementos tóxicos como el mercurio, usado para la extracción de oro, sean desechados de forma indiscriminada cerca a fuentes de agua o comunidades, lo cual implica un alto riesgo para la flora y fauna de la región, ya que genera una extensa degradación del medio ambiente y produce efectos adversos que pueden perdurar durante varias décadas después del cese de las actividades mineras ilegales.

Finalmente, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación reiteraron su compromiso institucional con la protección y preservación del medio ambiente y la lucha contra las organizaciones criminales que delinquen en la región del Pacífico colombiano, mitigando los daños ambientales causados por estas actividades ilícitas y contribuyendo a fortalecer la seguridad de la población y la preservación del ecosistema.

Vale recordar que hace unas semanas, el presidente Gustavo Petro, en el consejo de seguridad en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, anunció la estrategia que tiene, desde su gabinete, para atacar la minería ilegal que hoy aqueja a la nación.

En dicha intervención, el presidente Petro también señaló que se priorizará la minería en pequeña escala y la minería tradicional:

Así mismo, envió un mensaje a los mineros ilegales, invitándolos a desmantelar “su actividad depredadora” y a que se “institucionalicen con el Gobierno Nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente”.

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