Análisis a la reforma tributaria: lo bueno, lo malo y lo feo

El estudio fue realizado por la Universidad de Los Andes

Con el proyecto de reforma tributaria se espera recaudar 25,9 billones de pesos. REUTERS/Luisa González
Con el proyecto de reforma tributaria se espera recaudar 25,9 billones de pesos. REUTERS/Luisa González

La Universidad de los Andes hizo un análisis macroeconómico sobre el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. En este se identificó lo bueno, lo malo y lo feo de la iniciativa que tiene como fin recaudar 25,9 billones de pesos para tener mayor solvencia y financiar proyectos sociales.

Lo bueno

Para la institución, lo bueno, principalmente, tiene que ver con el mayor recaudo para un Estado más robusto, tributación que contribuye a reducir la inequidad e impuestos verdes y sanos

“Es evidente que el proyecto es coherente con el principio de fortalecer el recaudo. Lo incrementa en más de 20 billones de pesos, si bien parte de ese recaudo (cerca de 3.5 billones) es temporal y de monto variable porque corresponde a un artículo que se activa solo cuando el precio del petróleo supera un cierto límite”, explicó la universidad.

También es el caso que una fracción no corresponde a recursos nuevos, sino recursos que ya el Gobierno está recibiendo por las que hoy son utilidades de Ecopetrol y que el impuesto que se pague sobre el precio extraordinario reducirá la tributación de esas empresas por concepto de renta corporativa y la de sus accionistas por concepto de dividendos.

“Incrementar el recaudo del Estado es fundamental en un país con muy bajo recaudo para estándares internacionales y cuya sostenibilidad fiscal genera inquietud”, manifestó Los Andes al anotar que la propuesta es coherente con el principio de mitigar la desigualdad, pues recaudaría más de las personas más pudientes al limitar a montos menores las exenciones y deducciones posibles para las personas con ingresos mayores a 10 salarios mínimos mensuales e introducir un impuesto permanente a patrimonios personales de más de 3.000 millones de pesos.

La Universidad de los Andes anotó que entre lo bueno del proyecto también se cuenta la inclusión de medidas que, además de generar recaudo, buscan desincentivar actividades que generan costos para la sociedad o al menos compensarla por esos costos.

“Vemos con buenos ojos la ampliación del impuesto a las emisiones de carbono, perfectamente coherente con una apuesta ambiental decidida. Su efectividad para contribuir a la sostenibilidad ambiental sería mucho más poderosa si se le acompañara con disposiciones para asegurar que esos recursos se apliquen a la transformación que esa sostenibilidad requiere”, subrayó la misma.

Lo malo

Como malo, la Universidad de los Andes aseguró que está el golpe a la generación de riqueza, la mayor justicia y la mayor eficiencia que se conseguiría al someter los ingresos personales por dividendos a las mismas tasas de impuesto que los demás ingresos personales no dejan de tener costos. Según esta, son costos importantes que el paso por el Congreso debe mitigar.

Por eso, destacó que los impuestos a los dividendos son pagos que recaen sobre los dueños/accionistas de las empresas por los ingresos que reciben cuando la empresa en que invirtieron sus recursos reparte utilidades. Entonces, se suman a la carga tributaria que ya asumió la empresa sobre sus dividendos. Por ello, lo que importa para la rentabilidad de las inversiones es la combinación de la tasa de renta corporativa (lo que pagan las empresas) y la tasa sobre los dividendos. Con el proyecto, esa tasa pasaría de 41,5 % a cerca de 60 % para una persona de muy altos ingresos

“Esa mayor tributación sobre la inversión en actividades productivas sin duda desincentiva la inversión —que es indispensable para el crecimiento económico—, pues pone a Colombia a competir por esa inversión contra unos países con tasas combinadas corporativa-dividendos de 42.35 % si se promedia toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y entre los que a tasa de 60 % sería la máxima del grupo”, advirtió.

Además, que ese desincentivo se suma a otras medidas que también afectan al crecimiento, tan dependiente de las empresas, ya que, por un lado, la eliminación de los beneficios tributarios a algunos sectores y actividades se hace sin una contraparte de reducción de la tarifa general de renta corporativa.

Eso implica que, en neto, el aparato productivo acabaría contribuyendo mucho más a las arcas de un Estado que ya obtiene de las empresas una proporción de su ingreso mucho mayor que los países similares de América Latina y los países a cuya situación económica se querría aspirar en Europa y Norte América.

Por otra parte, el proyecto también contempla un cambio a la manera en que las empresas pueden reducir su pago a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de los pagos que hacen localmente por concepto de impuesto de industria y comercio (ICA), mientras en la actualidad pueden descontar 50 % de ese valor en el pago a la Dian, con el proyecto deducirían ese valor de la base tributaria en lugar de descontarlo.

El efecto concreto es que la disminución de sus impuestos nacionales por este concepto se reduce al 35 % de lo que venía siendo.

Lo que preocupa en este caso es que el conjunto de medidas que recaen sobre el crecimiento y la inversión genera una carga claramente excesiva. No hay una única manera de atacar esa preocupación: puede hacerse si se compensan las medidas que actualmente están en el proyecto con una reducción de la tarifa general de renta corporativa o renunciar a alguna de esas propuestas o a parte del recaudo adicional o renunciar a que el conjunto del aparato productivo aporte parte de los recursos y busque fuentes alternativas.

“El Gobierno debe tener claro que no hay ninguna sociedad que haya alcanzado un nivel de recaudo como el que anhela el gobierno que lo haya logrado descansando únicamente en el 2 o 3 % más rico, o que lo haya logrado primordialmente apalancado sobre tributación de las empresas”, indicó el análisis.

Otra alternativa, políticamente riesgosa, aunque eficaz para generar los ingresos que se busca, es eliminar algunas de las exenciones o excepciones de IVA. “Es riesgosa porque la antipatía que despierta ese impuesto ha sido usada por grupos de interés en el pasado para sabotear buena parte de las propuestas. Y porque, de nuevo, toca inevitablemente a esa clase media”, puntualizó.

Lo feo

Entre lo feo, Los Andes precisó que la discusión de toda reforma siempre estará en los aspectos que no son abiertos a la sociedad, como las transacciones políticas detrás de su aprobación.

Será fundamental que los ajustes a la reforma en el Congreso de la República respondan al bienestar común más que a intereses particulares. Esto incluye aprobar la propuesta, incluida en el actual proyecto, de que las pensiones elevadas tributen igual que otros ingresos (hoy no tributan como renta personal).

“Los colombianos que serían sujetos a esa mayor tasa son solamente aquellos que gana más de 10 salarios mínimos, no pagaron impuestos sobre sus contribuciones de pensiones cuando trabajaban, y hoy ya reciben, en su gran mayoría, un jugoso subsidio del resto de los colombianos porque su pensión supera por mucho lo que ahorraron para ese fin durante su vida laboral, y el resto se financia con los impuestos de todos. Blindar el interés público contra influencias particulares también requiere una cuidadosa calibración de cómo se ajustará el proyecto para mitigar su impacto sobre las empresas y el crecimiento”, sostuvo los Andes.

También será fundamental que los ajustes a la reforma en el Congreso respondan al bienestar común más que a intereses particulares. Esto incluye aprobar la propuesta, incluida en el actual proyecto, de que las pensiones elevadas tributen igual que otros ingresos.

Aclaró que los colombianos que serían sujetos a esa mayor tasa son solamente aquellos que gana más de 10 salarios mínimos, no pagaron impuestos sobre sus contribuciones de pensiones cuando trabajaban, y hoy ya reciben, en su gran mayoría, un jugoso subsidio del resto de los colombianos porque su pensión supera por mucho lo que ahorraron para ese fin durante su vida laboral, y el resto lo financiamos con los impuestos de todos.

“Blindar el interés público contra influencias particulares también requiere una cuidadosa calibración de cómo se ajustará el proyecto para mitigar su impacto sobre las empresas y el crecimiento”, agregó.

A su vez, que no hay ningún nivel plausible de reducción de la tasa general de renta corporativa que resulte compatible al mismo tiempo con un impuesto de renta personal igual en dividendos y otras fuentes y con mantener un nivel de tasa de tributación combinada que sea compatible. Por eso, será necesario encontrar un medio camino entre la propuesta original del Gobierno y la actual tasa de 10 % sobre dividendos.

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