Quién es el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a Gerardo Vega como el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura que actualmente está encabezado por Cecilia López.

Su experiencia siendo un líder destacado en el Urabá antioqueño para impulsar políticas agrarias en esta región, bastó para llegar a esta dependencia con el fin de impulsar la reforma agraria en el actual gobierno.

Vega es abogado y tras dejar las armas en el Ejército Popular de Liberación —EPL—, se destacó en el noroccidente colombiano y el país por su trabajo en materia de restitución de tierras y formalización de predios. A partir de dichos avances desde la oenegé Forjando Futuros, en 2012 fue galardonado con el Premio Nacional de la Paz.

Desde esa fundación, el ahora director de la ANT ha impulsado las políticas y tareas correspondientes al desarrollo de una reforma rural en el país; ahora, con la proposición del gobierno Petro de poner en marcha una reforma agraria, el papel del funcionario será clave. Al respecto, este no ha sido el único cargo público que ha ocupado, pues ya ejerció como consejero presidencial durante el mandato de Ernesto Samper Pizano —1994-1998—.

También, fue coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cónsul en Bruselas y vocero del Polo Democrático Alternativo en Antioquia, departamento desde donde impulsó la candidatura presidencial del fallecido, Carlos Gaviria Díaz.

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“Su experiencia y compromiso con la paz serán determinantes en el cumplimiento de las metas de la entidad”, manifestó la ministra López Montaño.

Ahora, con respecto a los retos que tendrá en este cargo, no solo está el hecho de impulsar la reforma agraria, sino apoyar la restitución liderada por el jefe de Estado, premisa mencionada en el foro ‘El país que recibe Gustavo Petro’. Además, tendrá el reto de recuperar predios baldíos que actualmente están en manos de particulares y deben pasar a campesinos como forma de reparación y con el fin de ‘democratizar’ la tierra, como ha planteado el presidente desde su campaña rumbo a la Casa de Nariño.

En ese sentido, debe velar por el cumplimiento de la sentencia SU-288-22 de la Corte Constitucional, en la cual afirma que hay un “grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de tierra de los campesinos”.

Sobre esto, la Sala Plena del órgano judicial revisó 13 tutelas que incluyeron solicitudes presentadas por la Agencia Nacional de Tierras y acciones expuestas por particulares que les fueron negadas las prescripciones adquisitivas del dominio sobre predios rurales “por existir dudas sobre la naturaleza privada de los bienes al no haberse desvirtuado la presunción de bien baldío contenida en la Ley 160 de 1994″, mencionó el alto tribunal.

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