Defensoría advierte sobre alianza entre bandas delincuenciales y grupos armados en Puerto Tejada

La entidad emitió una alerta temprana que evidencia el riesgo en el que se encuentra la población, en especial los menores de edad, por cuenta del reclutamiento forzado, y los líderes y lideresas sociales

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La entidad emitió una alerta temprana que evidencia el riesgo en el que se encuentra esta población, en especial los menores de edad, por cuenta del reclutamiento forzado, y los líderes y lideresas sociales. Foto: Colprensa  (De referencia)
La entidad emitió una alerta temprana que evidencia el riesgo en el que se encuentra esta población, en especial los menores de edad, por cuenta del reclutamiento forzado, y los líderes y lideresas sociales. Foto: Colprensa (De referencia)

Luego analizar la compleja situación que viven los habitantes del municipio de Puerto Tejada, norte del departamento del Cauca, en la que se estaría presentando el reacomodamiento por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales en alianza, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018-2022.

La entidad evidenció a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) los riesgos a los derechos humanos que se estarían registrando en esta localidad ubicada en la región Pacífica, al suroccidente de Colombia, por cuenta de la asociación entre las bandas delincuenciales y criminales locales con las los grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio.

“Son preocupantes los riesgos que enfrentan principalmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están expuestos a ingresar a los grupos delincuenciales o ser víctimas de reclutamiento forzado por cuenta de los grupos armados ilegales. En riesgo también están las lideresas y líderes sociales y comunitarios y las comunidades afros e indígenas”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La entidad indicó que dentro de los riesgos que corre la población están: el desplazamiento forzado individual y masivo; el reclutamiento forzado y uso ilícito de los menores; la restricción de la movilidad y el control sobre límites territoriales; atentados contra la vida, libertad e integridad física de la población civil; y la utilización de métodos para ocasionar terror.

A su vez, la alerta advierte que esta región, en la que hacen presencia las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la banda criminal más grande del país, es un corredor de movilidad para el narcotráfico, lo que facilita el tránsito por este sector debido a la extensión de cañaduzales que pueden permitir la creación de “caminos invisibles” y el transporte de armas y objetos robados.

“Por el escenario de riesgo descrito se encuentran bajo un riesgo adicional los representantes de las organizaciones sociales y en especial los líderes y lideresas de derechos humanos y los que emprenden ejercicios en favor de la construcción de paz en el municipio, pues son señalados y perseguidos por los actores ilegales. Ello tiene además un impacto colectivo que resulta en el debilitamiento de la organización social, a pesar de los ingentes esfuerzos en sostener las organizaciones, se observa una ostensible limitación a su ejercicio”, señala la alerta temprana.

Frente a este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo entregó 45 recomendaciones para que las autoridades civiles y la fuerza pública hagan frente a estas amenazas, a la vez para que adopten estrategias de prevención, acceso a la justicia, atención a las víctimas, e incluso, la superación de algunos factores como la vulneración socieconómica de esta población que es étnica en su mayoría.

“La dinámica de conflicto armado y criminalidad organizada señalada en la presente Alerta Tempana, así como los factores de vulnerabilidad que lo posibilitan, sugieren un nivel de riesgo ALTO para la población de Puerto Tejada, que requiere acciones preventivas eficaces y adecuadas para salvaguardar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil, sus libertades civiles y políticas y evitar la ocurrencia de posibles infracciones al DIH”, concluyó la entidad.

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