Amnistía Internacional denuncia casos de tortura y violencia sexual a detenidos en protestas del paro nacional

La organización internacioanl señaló que, según las investigaciones de varias ONG, 3.275 personas fueron detenidas arbitrariamente

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a manifestantes durante una jornada de protestas en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a manifestantes durante una jornada de protestas en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

En el dossier de tortura de Colombia se entregó el informe por parte de Amnistía Internacional en el que, a través de la ONG Temblores, se documentaron 491 casos de violencia policial cometidas contra mujeres, de estas, se exponen 35 casos de violencia sexual que habrían ocurrido por parte de funcionarios del Estado, mientras que los detenidos denuncian que eran víctimas de malos tratos y situaciones de tortura por parte de uniformados de la Policía Nacional.

Al término de esta semana se publicó el seguimiento que Amnistía Internacional hace alrededor del mundo de las violaciones a los derechos humanos. En el apartado de Colombia llama la atención la numerosa cantidad de testimonios que se entregaron a la ONG, en los que señalan a las autoridades de tener un uso desproporcionado de la fuerza y de casos puntuales de tortura de los que habrían sufrido los detenidos.

Un testimonio que recopila el informe se da por cuenta de Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, hombres que habían sido capturados el 28 de mayo de 2021, las personas indican que: “Fueron detenidos y golpeados por civiles armadosy posteriormente permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía Nacional en Cali. Álvaro Herrera y Sebastián Mejía denunciaron que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención”.

Las denuncias recogidas por Amnistía Internacional se comprenden del 28 de abril al 30 de junio. El organismo expone además que, en este periodo de tiempo 84 personas perdieron la vida en el marco de las protestas, otras 1.790 habrían resultado heridas y se conoció que 298 defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de ataque. En este apartado se hace un especil énfasis en las lesiones oculares, pues se concluye que del total de personas lesionadas, 103 sufrieron traumatismos oculares.

De cara a los numerosos casos de denuncias recogidas, la organización recuerda que: “Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Así mismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio”.

En esta publicación también se recuerda de manera importante la visita de la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) en Colombia durante el 8 y el 10 de junio, para determinar el tipo de acciones violentas que se estarían presentando en Colombia tras recibir numerosas denuncias por la represión policial. Ante esta situación el organismo no gubernamental recalcó:

“En sus observaciones y recomendaciones, pidió, entre otras cosas, el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”.

Cali, como uno de los epicentros del ‘estallido social’, fue también escenario en el que hubo “represión policial de la protesta social”, pues desde el 3 de mayo entró en marcha la Operación Siloé, que también recuerda el estudio publicado, en donde se habrían utilizado armas letales en contra de la integridad de personas que protestaban pacíficamente. Así lo muestra el siguiente testimonio:

“Kevin Agudelo murió tras recibir un disparo durante una vigilia por las víctimas de la violencia policial”.

De igual manera, también se reconoce por parte del organismo internacional que civiles habrían accionado armas de fuego en la complicidad de funcionarios de la Policía, ante esto también dice: “El 9 y el 28 de mayo, la Policía Nacional y varios civiles armados agredieron a manifestantes en Cali, en lo que podía considerarse un tipo de paramilitarismo urbano”.

El dossier se publica con el ánimo de generar una reflexión en torno a los casos de abuso policial documentados en Colombia, toda vez que también entrega sugerencias de las obervaciones realizadas.

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