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Según la Fiscalía General de la Nación, entre el 27 de marzo y el 24 de abril del año 2015, Vera Cristina Ramírez López, la entonces secretaria de Servicios Administrativos; y Jorge Mario Velásquez Serna quien se desempeñó como subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, durante la administración de la Alcaldía de Medellín de Aníbal Gaviria, hoy gobernador de Antioquia, habrían sido partícipes en presuntas irregularidades durante la celebración del contrato, el cual vendió un lote, propiedad de la ciudad, que se ubica en la Central Mayorista.
El recinto de 8.300 metros cuadrados estaba avaluado en unos 35 mil millones de pesos, pero, los imputados lo negociaron por 19.123.200.000 pesos, omitiendo así la normativa que establece el valor del lote en el municipio de Itagüí, área metropolitana de Medellín.
“Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública evidenció que entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado el referido predio por 19.123′200.000 de pesos, a pesar de que el mismo estaba avaluado en más de 34.933′680.000 de pesos. La Fiscalía determinó que durante este proceso se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitiendo que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, reseña el organismo judicial.
Precisamente este caso lo había auditado la Contraloría General de Medellín en el año 2017, señalando que la compra del lote en la Central Mayorista de Antioquia no había cumplido con las normas, los parámetros, los procedimientos y demás requisitos, lo que más le llamó la atención a esta entidad, es que el valor por el que se avaluó fue similar al que se expidió en el año 2011.
En ese momento la Contraloría municipal estimaba que la venta del lote 24 generó un detrimento por unos 11 mil millones de pesos. Luego, en ese mismo año, la Personería de Medellín ratificó, en segunda instancia el fallo contra los exfuncionarios.
La irregularidad hizo que la Contraloría le ordenara a que 2 compañías aseguradoras indemnizaran a la capital antioqueña con una suma que superaría los 2 mil millones de pesos.
El caso generó indignación, también, en el Concejo de Medellín, que argumentaba el hecho de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, avaluó el predio en casi 30 mil millones de pesos, pero, que otras entidades lo estimaban sobre los $ 35 mil millones; esto según el entonces presidente del Concejo, Jesús Aníbal Echeverri.
Otro corporado como Bernardo Alejandro Guerra denunció que extrañamente solo se presentó un ofertante por el lote:
“Esperamos que haya acción de repetición, para saber cuáles fueron los funcionarios que firmaron para entregar en una subasta de ocho días con un único proponente un bien del municipio de Medellín por debajo del 50 por ciento del valor comercial, y por debajo, casi el 30 % del valor oficial”.
Cabe resaltar que la Personería, en el año 2018, había inhabilitado a los dos exfuncionarios, señalando que cometieron una falta disciplinaria muy grave, ya que no velaron por el adecuado manejo de los bienes y recursos del municipio.
La Fiscalía también encontró que Vera Ramírez el 19 de marzo de 2015: “omitió, de manera arbitraria, un avalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y solicitó otro, presumiblemente, más conveniente a los intereses de los compradores”.
Esto hizo que tanto a la ex secretaria de Servicios Administrativos, como al ex subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual se les imputaran los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. A Vera Ramírez se le agregó el cargo de prevaricato por acción.
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