Defensoría del Pueblo alertó al Congreso por presencia de grupos armados al margen de la ley en el Putumayo

La entidad anotó que la comunidad se encuentra confinada y con restricciones de movilidad debido a la intimidación de las disidencias de las Farc

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Foto: Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo

La situación de seguridad en Puerto Leguizamo, Putumayo se ha visto afectada por la presencia de grupos armados y sus actividades delictivas, incluso, por la incidencia Estatal que ha traído fuertes consecuencias. El nombre del municipio ocupó la primera plana de los medio de comunicación en Colombia el pasado mes de abril, luego de que se denunciará que miembros del Ejército ejecutaron 11 civiles entre esos un menor de edad, una mujer en embarazo, un gobernador indígena y un presidente de la Junta de Acción Comunal.

Pasado unos meses, este 14 de junio el municipio vuelve ha ser noticia debido a que la Revista Semana dio ha conocer un informe enviado por la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República donde denuncia las graves consecuencias de la presencia de grupos armados, puntualmente disidentes de las Farc en la zona.

En el documento, la entidad alerta por el peligro que corren los civiles debido al “alto nivel de estigmatización y amenazas a autoridades étnicas, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones, quienes, a juicio de los actores armados ilegales con operación en la zona, se consideren informantes, simpatizantes o adeptos al bando enemigo, o a la Fuerza Pública”.

La denuncia va mucho más allá, pues prende las alarmas por el reclutamiento de menores mediante ofrecimiento de pagos, un practica muy común de los grupos armados en el país pero que va en contra del Derecho Internacional Humanitario: “Respecto del grupo denominado ‘Comandos de la Frontera’, su conducta en escenarios territoriales colindantes da cuenta de invitaciones a los jóvenes a través de pagos de dinero a que se sumen en actividades no solo de vigilancia, corroborándose el uso y utilización de los mismos en hechos ilegales”.

Además, se han incrementado los registros y controles por parte de los grupos armados como forma de dominio de la zona, principalmente en comunidades indígenas.

“A esta situación se suma las acciones de registro, control y un incremento en las requisas en los caminos veredales que comunican a las familias que viven en las fincas y comunidad indígena de Bajo Remanso”, mencionó la Defensoría en su denuncia enviada al senado.

Finalmente la entidad dejó registro de que una gran parte de la comunidad se encuentran en confinamiento y restricciones de movilidad, debido a que si no cumplen con las reglas impuestas por los actores ilegales del conflicto podrían ser asesinados.

Armada incautó 3.153 piezas de madera en Puerto Leguízamo, Putumayo

La Armada Nacional de Colombia anunció que durante el desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército y coordinadas con la Policía lograron la incautación de 2.975 piezas de madera en el municipio de Puerto Leguizamo en Putumayo, el pasado 1 de junio.

El operativo estuvo a cargo de tropas adscritas al Batallón Fluvial de Infantería Marina No. 30 que, con apoyo del Batallón de Infantería de Selva No. 49, consiguieron la interdicción de una embarcación tipo remesero en aguas del río Putumayo, en la que encontraron, tras la inspección de rutina, un total de 2.797 piezas de madera de las especies Amarillo y Cahuiche, que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido taladas ilegalmente.

Las piezas de madera equivaldrían a 55,97 metros cúbicos

Por otro lado, en el sector del muelle de Puerto Leguizamo, las autoridades hallaron una embarcación artesanal abandonada sobre la ribera del río Putamayo con 178 piezas de madera de Caimo, que equivaldrían a 1,86 metros cúbicos.

La Armada informó, luego de las incautaciones, que la madera fue puesta a disposición de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, mientras que las embarcaciones quedaron en manos de las autoridades competentes.

Vale recordar que la tala ilegal de madera y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales son penalizados según el Artículo 328 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que prohíbe las acciones y delitos que atentan contra el medio ambiente.

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