Procuraduría reclamó a la JEP por no ser invitada a los talleres de víctimas de secuestro de las extintas Farc

Los delegados de la Procuraduría General de la Nación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestaron su inconformismo al no ser tenidos en cuenta para participar en los talleres que se realizaron con víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

Según informaron en la emisora La W Radio, el procurador Jairo Acosta Aristizábal envió una carta a la Sala de Reconocimiento de la JEP en la que reprochaban lo ocurrido, más al ser ese organismo de control un representante de la sociedad.

“Me dirijo a usted para expresarle mi inconformidad con respecto a la falta de comunicación al Ministerio Público, a pesar del imperativo legal, de las actividades que se realizan con las víctimas, pues en repetidas oportunidades hemos sido informados por parte de representantes de víctimas sobre la existencia de reuniones para discutir aspectos del Macro caso 01, sin que se nos haya citado”, citaron en el medio radial de la misiva.

En la emisora también destacaron de ese comunicado que el Ministerio Público señaló que también representa a las víctimas que no fueron reconocidas en el planteamiento del macrocaso, como a las que no quisieron participar en el señalado proceso en el que van a comparecer los antiguos integrantes del secretariado, que era la máxima jefatura del grupo subversivo.

“Para poder desempeñar adecuadamente nuestra labor constitucional, es indispensable que se nos convoque y se nos informen de los espacios de diálogo que se tenga con las víctimas, aun cuando no se trate de audiencias judiciales en estricto sentido”, destacaron en La W Radio del comunicado a la JEP.

Este hecho atiza la polémica por una denuncia de la revista Semana en la que se señala que, supuestamente, a las personas víctimas de secuestro las estaban ‘libreteando’ para que realizarán afirmaciones convenientes a los firmantes del acuerdo en las audiencias, las cuales se volvieron a aplazar para que se lleven a cabo a fin de este mes, luego de que se tuviera conocimiento de amenazas a la seguridad de los antiguos comandantes guerrilleros.

De acuerdo con lo que conocieron en ese medio de comunicación, los encuentros previos se realizaron en la biblioteca Virgilio Barco y las dinámicas las consideraron irrespetuosas porque no eran consecuentes con personas que perdieron a sus familiares o fueron víctimas de retenciones ilegales y otros delitos en contra de su libertad, sino que parecían eventos de convivencia colegial.

“No estoy de acuerdo con esto, ni esta manera de preparación de la audiencia. Quiero saber cuál es el enfoque y qué esperan ustedes de nosotros. No quiero hacer estas cosas. Por ejemplo, a Peña Bonilla, en lugar de entregarlo, lo asesinaron. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso ustedes han hecho lo mismo con ellos, con los de las Farc?”, afirmó uno de los asistentes según Semana.

Entre las víctimas que participaron del evento estaba el exdiputado del Valle, Sigifredo López, el único sobreviviente de la masacre en que los antiguos subversivos asesinaron a sus compañeros en 2007.

“Estamos frente al acuerdo de paz. Las Farc hicieron el gran negocio que es dejar la guerra, obtienen unos privilegios a cambio de no volver a matar ni secuestrar. Pero a mí no me pidan más, no me interesa ser amigo de ellos, esto es doloroso”, les recriminó, de acuerdo con lo encontró la mencionada revista en su investigación.

Se debe recordar que para estas audiencias deben asistir Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar quienes conformaron el Secretariado de las Farc.

En Colombia, según la ley penal vigente al momento de los hechos, las Farc cometieron los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple y toma de rehenes, y otros delitos en concurso. Por esa razón, la JEP tiene el deber de dar una calificación jurídica propia de estos hechos identificando si se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad según el derecho penal internacional.

La JEP encontró que se atribuyen a las Farc las siguientes cifras en el delito de secuestro:

• 21.396 víctimas de secuestro fueron identificadas con nombre y cédula.
• 79% corresponden a hombres y el 21% a mujeres.
• De los datos que reportan la edad de la víctima (55% de los datos), el 95% corresponden a mayores de edad y 5% eran niños, niñas o adolescentes.
• Entre los niños, niñas o adolescentes, el 47% eran niñas.
• De los mayores de edad, el 19% tenían más de 55 años.
• En cuanto a los datos territoriales, la Sala de Reconocimiento logró identificar que la mayor parte de los secuestros registrados se realizaron entre 1998 y 2001, coincidiendo con la Zona de Distensión.
• 14 años fue el máximo de tiempo en que una persona estuvo en cautiverio.
• En términos numéricos absolutos, el departamento más afectado es Antioquia.

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