Dos familiares del fiscal Gabriel Jaimes, quien buscó precluir el proceso penal al expresidente Uribe, obtuvieron importantes cargos en el actual gobierno

La esposa y la hija de crianza del fiscal Gabriel Jaimes, célebre por parecer más defensor que investigador en el proceso por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, obtuvieron importantes cargos en entidades del gobierno tras asumir como representante del ente acusador en dicho proceso penal, que se considera el más importante en la historia reciente de Colombia.

Así lo revelaron en el informativo de televisión Noticias Uno, donde encontraron que Jessica Beatriz Orduz, la hijastra de Jaimes, fue nombrada como Tercer Secretario de Relaciones Exteriores en Nueva York (Estados Unidos), en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En ese medio de comunicación recordaron que este es uno de los cargos que tiene una gran importancia estratégica en el ámbito diplomático, y en donde Orduz estará, en principio, por cuatro años, ya que así lo establecen las normas de la carrera diplomática.

Tras ser consultada por ese noticiero, la funcionaria indicó que desde el 2019 inició su carrera diplomática y que obtuvo su nueva designación tras un concurso de méritos en el que participaron cinco personas. Aseguró que llegó allí porque el ganador del mismo optó por otro cargo, así que ella, que quedó en segundo lugar, pasó a ocupar el cargo.

Por otro lado, y de acuerdo a una investigación del periodista Gonzalo Guillén, la esposa del fiscal Jaimes, Rubby Cecilia Durán, fue nombrada como directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales en la Defensoría del Pueblo, cargo en el que actualmente labora.

En Noticias Uno indicaron que el nombramiento de la esposa de Jaimes se dio el año pasado y un mes después de que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lo designara como representante del organismo investigador en el proceso contra el expresidente Uribe.

Se debe recordar que el fiscal Gabriel Jaimes buscó que se archivara en la justicia ordinaria el proceso judicial en contra del expresidente Uribe por, supuestamente, cometer los delitos de fraude procesal y soborno al intentar cambiar la versión del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que este se retractara de su acusación de que el exmandatario formó grupos antisubversivos al margen de la ley y asegurara, por el contrario, que el senador Iván Cepeda fue el que le ofreció prebendas para que hiciera esa declaración.

A este punto se llegó luego de que el 18 de agosto de 2020 Uribe renunciara a su curul, la cual fue aceptada por la mesa directiva de esa corporación. El 20 de agosto del mismo año, la defensa del expresidente solicitó a la Sala Especial de Instrucción que remitiera el caso por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, la Corte Suprema había perdido competencia para continuar con la investigación debido a la pérdida del fuero constitucional, sumado a que las conductas punibles por las que se le investiga no guardan relación con las funciones que desempeñó Uribe como senador.

Ya el caso en la Fiscalía y a su vez en la justicia ordinaria, se llevaron a cabo las primeras audiencias ante el Juzgado 30 de Control de Garantías, se ordenó la libertad Uribe pero esa misma jueza dejó en pie la imputación que le hizo la Corte Suprema de Justicia.

Jaimes entonces solicitó la preclusión del caso y argumentó su petición aduciendo dos causales: atipicidad y ausencia de intervención del investigado. El primero hace referencia a que los hechos no configuran un delito, y la segunda, indicaría que si hubo delitos, estos no fueron cometidos por Uribe.

No obstante, el pasado 27 de abril, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz negó detener la investigación y aseguró que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.

“El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza tras 13 horas de audiencia.

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