Senado discute la ratificación del Acuerdo de Escazú

En la sesión que se adelantó este martes, ponentes y líderes de los gremios expusieron sus posiciones. El debate continuará el miércoles a las 10 de la mañana

 Es de anotar que el pasado 26 de abril, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 251 de 2021, que tiene por objeto ratificar este acuerdo regional que impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Es de anotar que el pasado 26 de abril, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 251 de 2021, que tiene por objeto ratificar este acuerdo regional que impulsa el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Este martes 17 de mayo la plenaria del Senado de Colombia realizó la segunda sesión para discutir el proyecto de ley por medio del cual el país ratifica el Acuerdo de Escazú. Es de anotar que el pasado 26 de abril, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 251 de 2021, que tiene por objeto ratificar este acuerdo regional que impulsa el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

La ratificación de este acuerdo es una promesa del presidente Iván Duque que surgió en medio de la Gran Conversación Nacional que realizó en 2019, luego de las manifestaciones sociales que se presentaron en el país en noviembre de ese año.

Así lo anunció el mandatario el 12 de diciembre: “esta herramienta (el Acuerdo de Escazú) une. Para mí fue muy motivante escuchar a muchas personas decir que debíamos dar el paso hacia Escazú. Si nosotros pensamos así y ustedes también, entonces hay que dar ese paso, no nos podemos demorar tanto. Por esa razón, en las dos semanas de conversación que llevamos, podemos decir que ya estamos aquí”, aseguró en ese momento el primer mandatario.

Pero a 80 días para terminar su mandato, esto no ha sucedido y el tiempo para cumplir su palabra se está acabando. Fue por esto que la oposición del gobierno, en cabeza de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático, volvieron a tramitar el proyecto, el cual fue aprobado en la Comisión Segunda, pero este martes al llegar a la plenaria volvió a tener dificultades para ser avalado.

Una de las personas que se opuso a la ratificación del acuerdo fue Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, quien en su intervención en la plenaria aseguró que, “con este proyecto no está en discusión los derechos humanos, ni los líderes de la defensa ambiental, lo que está en discusión es si el Acuerdo de Escazú es lo que se necesita para ese propósito y los riesgos. No se necesita del acuerdo porque se tiene una normatividad que es robusta frente a esos temas”.

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Sumado a estas declaraciones, Lloreda pidió archivar el proyecto porque considera que “hay un artículo del proyecto en el cual se define el principio de precaución, el cual no existe en el ordenamiento interno de Colombia. También porque que la ley generaría mayores obligaciones para realizar las consultas previas”, concluyó.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda es uno de los congresistas que impulsa la ratificación del Acuerdo de Escazú, junto a Antonio Sanguino de Alianza Verde y Feliciano Valencia del Mais. En sus interlocuciones, los tres congresistas coincidieron en destacar la importancia de que Colombia acoja este compromiso internacional, en particular para proteger el medio ambiente.

Se está aniquilando el sistema más rico del planeta en materia de biodiversidad en medio de nuestra complacencia, el exterminio de la Amazonia, como si no fuera suficiente” expresó el senador Iván Cepeda. Sin embargo, la sesión en la plenaria del Senado fue levantada y citada nuevamente para el miércoles 18 de mayo a las 10:00 a. m.

Por su parte, la Red Nacional del Agua de Colombia exigió a través de un comunicado la confirmación inmediata de este tratado. “Frente a la ambigüedad de la posición pública por parte de distintas autoridades, así como de los gremios económicos, exigimos que prime la toma de decisiones para el bienestar común y no los beneficios para los sectores económicos privados, a quienes hacemos un llamado especial para que sean aliados del desarrollo socioeconómico territorial con igualdad de derechos y equidad de oportunidades, donde el derecho a la ciencia, a un ambiente sano y al crecimiento económico y ecológico puedan integrarse como un nuevo proyecto común de país”, afirmaron.

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