“Ola de violencia mantiene con temor y confinadas a comunidades de varios municipios del noroccidente del país”: Defensoría

La Defensoría del Pueblo advirtió este viernes que la ola de violencia que se registra en varios municipios al noroccidente de Colombia, producto del paro armado decretado por el Clan del Golfo como represalia a la extradición a los Estados Unidos de alias Otoniel, “mantiene con temor y confinada” a la población civil.

Así lo confirmó el defensor del Pueblo, Carlo Camargo, desde Montería, capital del departamento de Córdoba, donde lidera un comité de verificación de emergencia con los delegados para la Movilidad Humana, para la Niñez, el Sistema de Alertas Tempranas y diez regionales con el propósito de articular una respuesta efectiva para atender a las comunidades más vulnerables afectadas por esta retaliación armada.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido constatar el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales. De manera particular vimos que en varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, señaló el funcionario.

Algunos de los departamentos en los que se han presentado acciones violentas como la quema de vehículos de transporte público y de carga, restricciones a la movilidad y amenazas en contra de la población civil son Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó y recientemente en Santander, en especial en las subregiones de mayor influencia de la que es considerada la mayor banda criminal de Colombia, también denominada como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El Magdalena Medio, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Bolívar, Urabá-Darién y Sur de Córdoba, son algunas de las regiones que más acciones armadas se han registrado desde la madrugada de este jueves en la que se anunció el paro armado por parte del Clan del Golfo, y a pesar que las autoridades locales y regionales, y las fuerza pública han adoptado medidas para mitigar los hechos violentos, aún se mantiene el temor por parte de la población.

“Ante este escenario, reiteramos la importancia de nuestras alertas tempranas como herramientas para la prevención de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades y también porque aportan elementos fundamentales para el fortalecimiento de las políticas públicas y para el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, en los niveles municipal, departamental y nacional”, indicó el defensor.

Por último, el funcionario reiteró la exigencia en contra de los actores armados en el país de dejar por fuera de estas acciones a las comunidades y respetar el principio de distinción consagrado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tiempo que manifestó la importancia de respetar las misiones médicas y humanitarias, toda vez que se reportan casos en los que se pone en riesgo la salud o la vida de pacientes que requieren su traslado para recibir atención.

Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia- Estado, señaló en declaraciones recogidas por Blu Radio que, “se debe respetar la vida de todos los candidatos y todas las propuestas deben ser escuchadas sin amenazas. El candidato que llegue a la Presidencia deberá fortalecer una democracia participativa basada en el respeto”, manifestó

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