Procuraduría llamó a juicio disciplinario a tres miembros del Inpec por torturas en la cárcel de Calarcá

Después de 8 años, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al capitán Ever Alberto Aragón y los dragoneantes Diego Javier Salazar Álvarez y José Manuel Cardona Castillo, por un caso de tortura a cuatro presos de la cárcel de Calarcá que, según el ente de control, cometieron el 2 de enero del 2014 y quedaron registrados en videos de seguridad.

De acuerdo con las pruebas en su contra los miembros del Inpec habrían abusado de su poder, ocasionándole fuertes golpes y agresiones a varios de los internos de ese centro penitenciario. Como recordó El Tiempo, según el expediente los abusos comenzaron por una discusión verbal que los internos tuvieron con Aragón, cuando se dirigieron al comando de vigilancia de la cárcel para solicitar una reubicación de pabellón ante el capitán.

“Nosotros nos dirigimos a él respetuosamente, y él de inmediato nos agrede verbalmente tratando mal a nuestras madres, de ahí nos sacó a empujones de la oficina”, señaló uno de los afectados.

Luego de hacer la solicitud que según los afectados se daba por temas de seguridad, el capitán además de denegar su petición e insultarlos, los llevo a una zona de la cárcel donde comenzó a tortura a los detenidos, propinándoles golpes y usando gas pimienta, esto en compañía de los dragoneantes Diego Javier Salazar Álvarez y José Manuel Cardona Castillo.

“Como castigo por la confrontación presentada en el comando de vigilancia, les propinaron actos de tortura de índole verbal y físico a los internos, entre las que se relatan golpes y el uso de gas pimienta en su rostro, cuando se encontraban disminuidos y esposados”, se lee en el documento donde reposa el caso, donde también se sostiene que, las lesiones provocadas fueron de tal magnitud que los reclusos tuvieron que ser atendidos de urgencia y duraron de 5 a 10 días internados en un centro de salud.

Lo que llama la atención del caso es que pese a que la denuncia por tortura se interpuso un día después de los hechos hasta ahora la Procuraduría avanzará en el proceso; y que lo único que se ha logrado es la destitución de los implicados.

Recordemos que en el 2018, el procurador regional Diego Trujillo, asumió la investigación y manifestó lo siguiente: “Gracias al trabajo conjunto con la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, se dio la apertura de indagación preliminar, acompañada con la suspensión provisional del cargo de los funcionarios públicos, por la presunta violación de los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad”.

Un año después en el 2019, el proceso fue remitido a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero con la llegada, de la pandemia de covid-19 hubo nuevas dificultades para avanzar con más celeridad porque el expediente no estaba digitalizado, pero finalmente se pudo proceder y ahorita las víctimas están a la espera de una decisión.

Es importante mencionar que los entes de control han recibido quejas de hechos e irregularidades que se están cometiendo en Peñas Blancas de parte de algunos funcionarios que han llegado al centro penitenciario. Además, este no sería un caso aislado a la situación de los centro penitenciarios del país, pues en la cárcel Modelo se dieron en el marco del motín del 21 de marzo de 2020, acusaciones de tortura por parte de miembros del Inpec a reclusos, y como resultado de todo lo que paso se murieron 24 presos y 107 personas resultaron heridas, entre los cuales 76 eran detenidos y 31 guardias penitenciarios.

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