Destapan caso de corrupción que involucra al exgobernador y excandidato presidencial Carlos Amaya

En la revista Cambio se publicó una columna que destapó un presunto caso de corrupción por el detrimento de más de 4.300 millones de pesos, durante la gestión del exgobernador de Boyacá y precandidato presidencial del partido Somos Verde Esperanza, Carlos Amaya.

Según lo detallado en la publicación a la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia SOS ubicada en Lorica, Córdoba, se le habría adjudicado un contrato por prestación de un “servicio educativo a población adulto mayor y personas en extraedad escolar” en Tunja, capital de Boyacá. Así mismo, precisó que se creó “un cartel de alumnos viejitos y fantasmas que ahora rondan los pasillos de la Contraloría”.

De esta manera, cuenta que durante la gestión de Amaya en la Gobernación de Boyacá, fue suscrito el contrato 1061 de 2016 por más de 6.000 millones de pesos.

Precisa también que se hicieron “pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación SOS, pero de los cuales no existe soporte alguno de su ejecución. La Fundación SOS reportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido”, relata la columna del periodista Yohir Akerman.

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Pero también plantea otros hechos como que en el mismo año en que el exgobernador de Boyacá y su esposa Daniela Assis Fierro habrían empezado su noviazgo, fue el mismo año en que se suscribió el contrato investigado por la Contraloría General de la Nación. Esta relación se convirtió en matrimonio en 2018, año en el que Luis Ernesto Gómez, jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá se hizo padrino de matrimonio de la mencionada pareja. Y así menciona a Karol Dahiana González Mora, esposa de Gómez, quien es actualmente contralora delegada Intersectorial 7 y candidata a manejar la entidad.

Del mismo modo, asegura que en el mismo año en que la pareja consumó su matrimonio, empezó el Proceso de Responsabilidad Fiscal por detrimento patrimonial superior a los 4.300 millones de pesos, que aún está llevando el ente de control. De acuerdo con la columna del medio nacional, el contrato se estipuló por 6.000 millones de pesos, detallando datos “extraños” como la dirección de la fundación, ubicada en una residencia de Lorica.

También se encontraron 132 alumnos con números de identificación falsos de quienes no se encontraron datos en la Registraduría. Así mismo, la columna menciona que entre 2016 y 2017, se registraron pagos en Lorica por conceptos como compras con tarjetas de crédito por 51.042.571 pesos y el pago de un crédito por 81.950.340 pesos.

El exgobernador emitió un comunicado sobre lo dicho en la columna, en donde precisó:

Ante ello, esto fue lo que dijo el periodista:

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