Corte Suprema de Justicia solicita investigar a Loreto Gómez, hijo de congresista del Partido Conservador

La Procuraduría anunció hace unas semanas que Juan Loreto Gómez, candidato a la Cámara de Representantes del Partido Conservador e hijo de la congresista ‘Tina’ Soto, es investigado por el Ministerio Público por supuesta corrupción al sufragante.

Según conoció Blu Radio, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que indague el supuesto crimen de compra de votos por parte de Loreto Gómez.

El proceso se adelanta en la Sala de Instrucción del tribunal de justicia y también involucra a la madre, María Cristina Soto, y al alcalde de Uribia, Bonifacio Enríquez Palmar.

Según el medio radial, varios testigos le dijeron al alto tribunal que Juan Loreto Gómez es miembro de una maquinaria dedicada a comprar votos, en donde también estarían involucrados Iván Mauricio Soto, actual alcalde de Barrancas y el cuñado de la congresista, Hernán Gómez. Este último fue grabado por las autoridades pagando por votos a los indígenas wayuu en La Guajira.

Por su parte, la congresista deberá responder por un caso de corrupción electoral que ocurrió en las elecciones de 2018, cuando salió ganadora y para las elecciones de Mauricio Soto, como alcalde de Barrancas.

El alto tribunal investiga a ‘Tina Soto’ por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.

El documento que conoció la emisora indica que, “la campaña de la congresista reclutó a diferentes personas o líderes para que compraran votos en Maicao, La Guajira”.

La compra de votos es un fenómeno arraigado en la política colombiana que resurge cada vez que hay elecciones por la acción de grupos que mueven montañas de dinero para sobornar a los electores a cambio de su apoyo en las urnas, pese a ser un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión.

Detrás de esta práctica hay toda una estructura logística que les permite a las organizaciones políticas saber de antemano la información de los votantes y los puestos donde sufragan, así como movilizar grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar a los electores. Los altos índices de pobreza, la baja cultura ciudadana y un sofisticado andamiaje político-electoral aparecen como las principales causas de la compraventa de votos en el país que el próximo domingo celebrará elecciones legislativas.

Esta práctica es bastante común en la región del Caribe, en donde está el 31 % de quienes viven en pobreza extrema en Colombia, a pesar de que solo representa al 22 % de la población. El poder de estas organizaciones es tal que el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, tiene solo 2,5 millones de habitantes, el 2,5 % de la población del país, pero elige al 14 % de los senadores.

El caso de la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano, refugiada en Venezuela y desde donde ha lanzado acusaciones de corrupción electoral contra una gran cantidad de políticos colombianos que habrían sido sus cómplices en la compra de votos, es el más emblemático de esta práctica.

Jorge Hernández Hayek, miembro de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que “es necesario que las autoridades tomen desde ya medidas para prevenir irregularidades y evitar que se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededores”.

“Las modalidades de compra de votos van cambiando y en algunas zonas del departamento se entregan electrodomésticos y prebendas como regalos, manejados como donaciones o rifas. Ya no es esa práctica de una persona con una cantidad de dinero interactuando con votantes, ahora es mucho más discreto”, dijo a la Agencia EFE.

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