“Compre el mercado del otro día si alcanza, pero vote por Petro”: polémica declaración del precandidato en Manizales sobre venta de votos

No deja de despertar pasiones y polémicas el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien está recorriendo el país para ganar votos en la consulta interpartidista de su coalición de izquierda.

Su más reciente controversia surgió desde una correría que hizo el domingo 27 de febrero en la ciudad de Manizales. En ese evento dio un discurso en el que habló sobre la gravedad de caer en el sistema de compra de votos.

El exalcalde de Bogotá aseguró que las personas más necesitadas consideran que hacen un buen negocio al venderle el voto a un político. No obstante, según él, ese es el primer paso para que los corruptos se perpetúen en el poder y se sigan robando los impuestos, además de legitimar a “asesinos con poder”.

Incluso, Petro se atrevió a usar el verbo abudinear en su discurso, refiriéndose al escándalo de Centros Poblados por el que renunció la exministra TIC Karen Abudinen. Cabe recordar que el uso de ese verbo le costó dinero de vallas a la candidata Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien tuvo que retirarlas por orden judicial.

Después, el senador le dijo a los electores que, en caso de que les ofrecieran dinero para votar por otra persona, lo recibieran y lo usaran para cubrir alguna necesidad, pero que hagan uso del derecho al voto secreto para votar por él.

¿Papayazo?

Esta declaración de Gustavo Petro, a tan pocos días de las elecciones legislativas, podría ser tomada por algunos ciudadanos como una invitación a participar en el delito de compra de votos. Según la Ley 1864 de 2017, tanto el que compra como el que vende un voto pueden ser condenados a penas de cuatro a ocho años de prisión, más multa de 200 a mil salarios mínimos mensuales vigentes.

Recibir el dinero concretaría el delito porque, al ser secreto el voto, no hay forma de comprobar si el sufragante hizo o no lo que se le pidió a cambio de ese dinero.

No obstante, contra el político de izquierdas —que por estos días lidera la intención de voto según las últimas encuestas— habría otro delito electoral del que no se habla demasiado: la cláusula Petro, en la que un contrato de cualquier tipo se anula si el candidato resultara elegido presidente.

La misma ley asegura que amenazar a alguien para no votar por un candidato, o celebrar un contrato cuyo cumplimento esté condicionado al resultado de unas elecciones, estaría sujeto a pagar exactamente las mismas penas por constreñimiento al sufragante.

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