Organizaciones de Puerto Wilches radican tutela contra proyecto de ‘fracking’

Varias organizaciones sociales radicaron una acción de tutela en Bogotá ante el Consejo de Estado en contra de la implementación de los pilotos de ‘fracking’ en Puerto Wilches, Santander. Las entidades aseguraron que seguir con estos proyectos representaría una presunta violación de los derechos fundamentales a la participación ambiental, el acceso a la información, el debido proceso y la vida e integridad.

“En un acto simbólico, interponemos una acción constitucional porque exigimos justicia ante la arbitrariedad del fracking”, afirmaron las organizaciones en un comunicado de prensa. “Los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía nos han tendido una trampa, han montado un teatro, en el que supuestamente la comunidad está participando, y en Wilches la gente ni siquiera está enterada de lo que está pasando”, agregaron.

Un grupo de jóvenes, mujeres, campesinas, pescadores, trabajadores de la palma, pensionados, estudiantes y ambientalistas de Puerto Wilches y el Magdalena Medio interpusieron la tutela de manera articulada con la Mesa Ambiental del municipio y la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Estas organizaciones viajaron desde los departamentos de Santander y Cesar para denunciar la vulneración de su derecho de participación frente a varias entidades del Estado. Entre sus argumentos está que, “en Colombia existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso regular, y aún no lo ha hecho”.

De hecho, en el recurso interpuesto señalan que no se ha procurado de manera previa la participación de la comunidad en la implementación de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII). “Lo que ha surtido el gobierno son escenarios de socialización de decisiones, reuniones informativas, y no propiamente ejercicios de concertación/consenso”, se lee en la tutela.

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En el documento, los tutelantes denuncian que no se realizó ninguna consulta previa, ni siquiera a través de mecanismos virtuales para el procesos de adjudicación de contratos de los proyectos de ‘fracking’ Kalé y Platero.

Cabe recordar que el proyecto ‘fracking’ Kalé es liderado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y ha tenido un reciente rechazo por parte de la comunidad de Puerto Wilches. El pasado 22 de febrero tuvieron que suspender una audiencia pública de este proyecto por las manifestaciones de quienes se oponen al uso de recursos hídricos con fines mineros.

Por otro lado, los demandantes afirman que, “las acciones de movilización pacífica contra el fracking han tenido como respuesta múltiples amenazas y hostigamientos”, especialmente hacia las mujeres defensoras ambientales. Las organizaciones destacaron el reciente cado de Yuvelis Morales, una lideresa que tuvo que salir del país por amenazas en su contra.

Los defensores aseveran que el Gobierno nacional no ha regulado la licencia social, cuando “está obligado a ello” y que este recurso abre la posibilidad a la comunidades de aprobar o desaprobar un proyecto que involucra a sus territorios.

También destacaron que estos argumentos fueron presentados con anterioridad ante el Ministerio de Minas, pero “nunca respondió, lo que vulnera el derecho a la petición”.

La tutela le pide al Gobierno, de manera provisional, que se ordene la suspensión de todos los trámites, estudios y procedimientos administrativos relacionados con la implementación de los PPII de fracking en Puerto Wilches. A su vez, exigen que “se regule la licencia social y se brinden garantías para la vida y el ejercicio como defensores y defensoras ambientales que nos oponemos al fracking” y que se reglamente mediante ley los mecanismos de participación en materia petrolera como lo ordenó la Corte.

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