Exconcejal y su familia, desplazados por las Farc en Mapiripán, serán compensados más de 20 años después de haber sido sacados de su tierra

Desde 1990 la guerrilla de las Farc acechaba en este municipio del departamento del Meta, allí declaraban objetivo militar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con ellos o que ejerciera liderazgo en la comunidad. Esta fue la historia de esta familia:

Exconcejal y su familia desplazados por las Farc en Mapiripán, serán compensados después de más de 20 años de haber sido sacados de su tierra - Colprensa/Germán Enciso.
Exconcejal y su familia desplazados por las Farc en Mapiripán, serán compensados después de más de 20 años de haber sido sacados de su tierra - Colprensa/Germán Enciso.

El municipio de Mapiripán, en límites entre el Meta y Guaviare, fue escenario de la barbarie de la guerra: centenares de paramilitares venidos de varias zonas del país llegaron primero al casco urbano, y luego al rural y con lista en mano, iniciaron una masacre cuya cifra de víctimas mortales aún es un misterio, casi veinte años después.

En 1988, Jesús Gómez* (su nombre fue cambiado para proteger su identidad y su retorno) y su esposa adquirieron un predio de 372 metros cuadrados en el que habitaban junto a sus hijos; luego establecieron una tienda y una heladería como actividad comercial de la cual derivaban el sustento familiar. En 1990 el señor Gómez* fue elegido como presidente del Concejo Municipal en representación del partido Conservador y además fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, situación que generó fuertes contiendas políticas con el partido Unión Patriótica y con la guerrilla de las Farc-EP.

Un año después, don Jesús* fue informado que las Farc-EP lo habían declarado objetivo militar por lo que esa guerrilla tenía un plan para asesinarlo en el sector de Caños Negros, razón por la cual él y su familia debieron huir hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Una vez los integrantes del grupo ilegal, tuvieron conocimiento de su salida, se encargaron de arrojar todas sus pertenencias al río Guaviare y de demoler la casa.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó que los integrantes de la familia Gómez* sean titulares del derecho fundamental a la restitución, cuya materialización se concretará con la entrega de otro predio de similares características. “En este caso el Juzgado primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio tuvo en cuenta la petición de los solicitantes quienes por su avanzada edad y por los problemas de seguridad no desean regresar a la zona”, aseguró la entidad.

Además de la compensación con un nuevo predio, la familia Gómez, tiene derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.

Exconcejal y su familia desplazados por las Farc en Mapiripán, serán compensados después de más de 20 años de haber sido sacados de su tierra Colprensa/Germán Enciso.
Exconcejal y su familia desplazados por las Farc en Mapiripán, serán compensados después de más de 20 años de haber sido sacados de su tierra Colprensa/Germán Enciso.

¿Qué pasó en Mapiripán?

Los actos más violentos que vivió la comunidad iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán.

El 15 de julio de 1997, más de cien hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y más de 60 personas terminaron asesinadas, la toma del municipio duró más de una semana hasta que el Estado intervino.

La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. Según la sanción de La Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables, razón por la que el Estado Colombiano tuvo que responder a las víctimas e indemnizarlas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 15 de septiembre de 2005 condenó al Estado Colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas, habla de 45 víctimas. Los pobladores hablar de casi cien.

Según el líder paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, la masacre de Mapiripán buscó consolidar la imagen de Carlos Castaño, luego de la muerte de su hermano Fidel. Y lo decidieron hacer en Mapiripán, un lugar al q ue esa organización consideraba un enclave de las FARC.

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