Esta es la sentencia de la Corte Constitucional que suspende la aspersión con glifosato en Colombia

La Corte Constitucional dejó sin efecto la resolución que avalaba el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. El alto tribunal le ordenó al Gobierno nacional aplicar una consulta previa con las comunidades que se vean afectadas por el herbicida.

La decisión se registró después de que la Corte estudiara una acción de tutela presentada por varias organizaciones de derechos humanos y ambientales que aseguraban que no se les había preguntado acerca de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos.

Las comunidades reprocharon que la Anla había emitido un documento que ordenaba la realización de audiencias virtuales debido a la pandemia del covid-19, pero que ellos no tenían acceso a herramientas tecnológicas que les permitieran participar.

“Las comunidades “afirmaron que en los municipios donde residen no tienen una buena conexión a internet que les facilite la participación adecuada a través de los canales virtuales dispuestos por la ANLA”, aseveró la Corte Constitucional. Frente a esta situación, la sentencia hizo referencia a las estadísticas más recientes del DANE: “En el país solo el 52.7% de los colombianos tiene conexión a internet, y de esa cifra, únicamente el 16,2% tiene conexión en centros poblados y rural disperso”.

Con la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, el tribunal les dio la razón y llegó a la conclusión de que la Anla vulneró los derechos de participación de las comunidades.

A su vez, la Corte le dio plazo de un año a la autoridad ambiental y al Gobierno nacional para que adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en las regiones donde se utilizaría el glifosato para la aspersión aérea.

Es importante recordar que, la tarea de erradicar los cultivos ilícitos abarca 14 departamentos y 104 municipios, entre ellos Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Cauca, Antioquia, y Bolívar.

De hecho, las comunidades campesinas del Pacífico Nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte en el departamento del Cauca ya le habían pedido a la Corte tumbar el Plan de Manejo Ambiental. Incluso, algunos le comentaron al tribunal que fueron víctimas de supuestos abusos por parte de la Fuerza Pública, quienes están encargados de adelantar la erradicación de los cultivos ilícitos.

El Gobierno de Colombia anunció el pasado diciembre que en 2021 erradicó 105.000 hectáreas de narcocultivos, por debajo de la meta de 130.000 hectáreas destruidas que se trazó para este año.

“Tenemos una cifra muy importante, 105.000 hectáreas, a pesar de que nos tocó sacar a los erradicadores (de cultivos) en la época de los paros especialmente por los bloqueos y el vandalismo”, dijo el ministro de Defensa Diego Molano desde el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La cifra es inferior a la del 2020, cuando el gobierno aseguró haber erradicado 130.000 hectáreas de hoja de coca, resultado récord hasta ese momento.

El ministro relacionó el incumplimiento con las masivas protestas que estallaron en abril contra el gobierno de Iván Duque y se extendieron tres meses con jornadas más intensas que otras, bloqueos y choques con la fuerza pública que dejaron casi 60 muertos.

Colombia tiene la mayor área sembrada de narcocultivos del mundo por delante de Perú y Bolivia, mientras Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína.

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