Uribe pide decretar emergencia social por Hidroituango: “Van a convertir a EPM en otro Electricaribe”

El exmandatario lanzó la inusitada propuesta en medio de una álgida situación en territorio paisa: la Contraloría, la Procuraduría y las autoridades antioqueñas evalúan eventuales soluciones

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Al escándalo del megaproyecto Hidroituango se unió el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien mediante un trino de su cuenta oficial de Twitter propuso declarar una emergencia social y económica para que las autoridades evalúen las implicaciones y las decisiones sean más acertadas.

En su corto, pero vehemente pronunciamiento, el exmandatario también lanzó una dura crítica a los involucrados en uno de los proyectos más controversiales de la historia reciente en Colombia y lo comparó con la difícil situación que se vivió en el Atlántico con la empresa de energía Electricaribe.

“Cabría Emergencia, Art 215 de la Constitución para evitar una catástrofe económica, social y ambiental. Alerta: Van a convertir a EPM en otro Electricaribe”, trinó en su perfil de Twitter.

Inclusive, exhortó a las autoridades antioqueñas a no postergar más la construcción de las diferentes etapas del proyecto pues, según él, podría acarrear múltiples inconvenientes.

Uribe / Twitter
Uribe / Twitter

La propuesta del también jefe natural del Centro Democrático se da luego de conocerse varios hechos relacionados con ese megaproyecto. Por ejemplo, este martes 1 de diciembre, Empresas Públicas de Medellín acordó junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “un esquema de pago voluntario anticipado” por el valor de su deuda que alcanza los 450 millones de dólares, unos 1,7 billones de pesos colombianos.

Esto con el fin de prevenir un escenario en el que la compañía tendría que pagar dicha deuda si no cumplía con el cronograma de entregas pactado para 2022, año en el que está previsto el arranque formal de Hidroituango entre los meses de junio a septiembre.

Además, EPM fue advertida por el BID de que un cambio a última hora de los contratistas del proyecto también era causal de dicha sanción, lo que provocó un maremágnum político por las consecuencias que dicho movimiento traería a la seguridad energética de Colombia.

En dicho escenario apareció otro factor como lo fue el fallo de segunda instancia proferido por la Contraloría General que imputa de presunto daño patrimonial a 26 funcionarios de alto perfil de la Alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, entre quienes se encuentran el actual precandidato Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y el actual gobernador Aníbal Gaviria.

Por otro lado, también se conoció que ante la incertidumbre y riesgos relacionados a la terminación de la construcción de Hidroituango, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) solicitaron una reunión urgente para evaluar el caso. El encuentro sería entre las entidades y el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la hidroeléctrica para conocer el estado del proyecto y las decisiones que se tomarán sobre el futuro de este.

En la carta enviada por la Procuraduría al PMU se argumenta que la reunión será para abordar “la incertidumbre sobre la continuidad de los contratistas y los planes para asegurar la terminación de las obras en el menor tiempo posible” que tiene el órgano de control. El objetivo es conocer las medidas que se estén tomando para contener el riesgo existente con el vertedero de la presa, que desde febrero de 2019 está recibiendo las 24 horas del día el caudal del río Cauca.

“(...) Toda vez que está siendo utilizado permanente e indefinidamente como descarga del embalse, estructura que no estaba prevista para ello, lo que sin duda requiere urgentemente de seguimiento y control que solo se pueden implementar por el paso de las aguas por la casa de máquinas”, se lee en la carta de la Procuraduría.

Por otra parte, la Anla argumenta en su carta que pidió la reunión para tener conocimiento de cómo avanza el proyecto, sobre todo en materia de manejo del riesgo.

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