Procuraduría pide condena contra Iván Moreno por el ‘carrusel de las ambulancias’

Iván Moreno Rojas habría mediado de manera ilegal con su hermano, concejales y contratistas para que los pliegos de condiciones de la licitación se elaboraran para favorecer a los proponentes

EN DICIEMBRE DE 2010, TANTO SAMUEL COMO SU HERMANO, EL SENADOR IVAN MORENO (EN LA FOTO), FUERON VINCULADOS A INVESTIGACIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS, LAS PRIMERAS EN LA FISCALIA Y LAS SEGUNDAS EN LA PROCURADURIA. (COLPRENSA)
EN DICIEMBRE DE 2010, TANTO SAMUEL COMO SU HERMANO, EL SENADOR IVAN MORENO (EN LA FOTO), FUERON VINCULADOS A INVESTIGACIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS, LAS PRIMERAS EN LA FISCALIA Y LAS SEGUNDAS EN LA PROCURADURIA. (COLPRENSA)

Este 27 de octubre, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador Iván Moreno Rojas por el caso del llamado ‘carrusel de las ambulancias’.

Fue durante la audiencia de alegatos de conclusión que el Ministerio Público solicitó la condena contra Moreno, quien deberá responder por el delito de apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

En 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas -hermano del acusado-, la Secretaría de Salud de Bogotá llevó a cabo una licitación para el servicio de ambulancias por medio del Fondo Financiero Distrital de Salud.

Este contrato, por 67 mil millones de pesos, se suscribió el 30 de septiembre de 2009 entre Héctor Zambrano Rodríguez, quien era el secretario de Salud y, además, era directo ejecutivo del fondo y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá. Esta última estaba representada por José Antonio Bonne

Iván Moreno Rojas habría mediado de manera ilegal con su hermano, concejales y contratistas para que los pliegos de condiciones de la licitación se elaboraran para favorecer a los proponentes que quería el entonces senador.

La acusación contra Moreno Rojas asegura que los involucrados habrían recibido el 9 % del valor del contrato.

Durante la diligencia que se llevó a cabo este miércoles, la Procuraduría sostuvo que existen las pruebas necesarias para determinar que Iván Moreno sí estuvo involucrado en los hechos que se le endilgan.

En la audiencia, el delegado de la Procuraduría aseguró que, “quedó demostrado en grado de certeza la comisión de las conductas punibles que le fueron imputadas a Néstor Iván Moreno Rojas en calidad de autor interviniente”.

Por otra parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, que fue reconocido como víctima en el caso, también solicitó la condena del exsenador.

Ahora se deberá esperar a que la Sala Especial de Primera Instancia prepare el fallo y luego se determinará si condena o no a Iván Moreno.

Embargaron la casa de la mamá de los hermanos Moreno Rojas

La Fiscalía General de la Nación, en apoyo con agentes del CTI, ejecutaron simultáneamente un operativo en varias ciudades del país para embargar bienes pertenecientes a algunos de los implicados en el caso de corrupción de Tunjuelo-Canoas, es decir, los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Los involucrados en el escándalo de corrupción que se hizo masivo gracias a la investigación que desató la red delictiva de la multinacional brasileña Odebrecht, vieron afectadas varias de sus propiedades, incluyendo la casa de su madre, María Eugenia Rojas de Moreno.

Los costosos bienes que ahora estarán bajo el poder de las autoridades del país, fueron embargados en Bogotá, Villavicencio, en el Meta, y varios municipios de Cundinamarca y Casanare. Entre las propiedades se encuentran casas, apartamentos, fincas, lotes, depósitos, y vehículos de lujo. A los hermanos Moreno se le acusa de haber recibido una millonaria cifra de dinero por parte de los empresarios Orlando Fajardo Castillo y Paola Fernanda Solarte Enríquez a cambio del contrato Tunjuelo-Canoas. El documento debía dejar adjudicada la licitación al Consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y CASS Constructores, compañía del Grupo Solarte, para la ejecución del proyecto. Esto ocurrió en diciembre de 2009.

El escándalo se destapó luego de que el contrato, de 240.000 millones de pesos, nunca se cumpliera, por lo que la obra no se desarrolló. La ausencia de la materialización del negocio generó, además de grandes huecos económicos, daños ecológicos que, por aquellos días, se calificaron como ‘incalculables’ e ‘irreversibles’. El proyecto, que no se realizó, pretendía descontaminar el Río Bogotá.

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