Telemedellín ha sido noticia por estos días a raíz del escándalo que generó la decisión de Deninson Mendoza, nuevo gerente general, quien despidió a Hernán Muñoz, ex director del Sistema Informativo, tras manifestarle en medio de un comité de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente sino para defender al alcalde Daniel Quintero”.

Según explicó la entidad, Muñoz fue despedido el pasado 4 de octubre, luego de que Mendoza entrara a reemplazar a Johana Jaramillo Palacio, antigua gerente, quien también aseguró a través de Twitter haber recibido presiones similares para acomodar la información del canal público a los intereses de la Alcaldía de la capital antioqueña.

Todo esta polémica por censura en Telemedellín fue parte del tema que desarrolló la periodista Ana Bejarano Ricaurte en su más reciente columna para el portal LosDanieles.com, por medio de la cual recordó que este no es el único caso en el que se evidencia el ‘manoseo’ de la política a los medios públicos.

De igual manera, mencionó que en Colombia es usual ver a los gobernantes abusar de este tipo de canales, pues dice que los usan para vanagloriarse y muestra de eso son los cambios que hace cada administración en su imagen, eslogan, estrategias y recurso humano.

Además, instó al gremio periodístico, pero sobre todo a la ciudadanía, a “repudiar la administración abusiva de los medios públicos”.

“Resulta tan peligrosa esta práctica para la vida democrática que podría dar lugar a la responsabilidad extracontractual del Estado, que podría ser llamado a responder cuando sus funcionarios ejercen censura sobre los periodistas públicos. Si el Estado puede tener medios de comunicación, ¿no debería ser responsable también cuando los administra mal?”, agregó.

Por último, Bejarano Ricaurte hizo un llamado a Bieri, Mendoza y todos aquellos gerentes de medios públicos, por medio del cual les recordó que a estos canales quienes los alimentan son los ciudadanos y no los políticos, pues además de que se financian con dinero de sus impuestos, “tienen mandatos constitucionales y legales que los obligan a dar pluralidad al debate público, a visibilizar las voces silenciadas”.

Es clave mencionar que la la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también se refirió al tema de Telemedellín, calificó el despido de Hernán Muñoz como censura y expresó su preocupación por lo que estaría sucediendo en el canal tras la salida de Jaramillo y Muñoz, pues según dieron a conocer, al interior del mismo se están haciendo averiguaciones sobre las inclinaciones políticas de las y los reporteros.

De igual manera, la entidad elevó un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la situación y determine si existieron presiones indebidas ejercidas por funcionarios públicos sobre la independencia de los periodistas. Igualmente, reiteró la necesidad de que suceda eso mismo en los casos de RTVC y Telecafé.

El caso contra Canal Capital, la plataforma televisiva de la Alcaldía de Bogotá, sigue avanzando a paso acelerado. Tras las denuncias de concejales, trabajadores y exempleados del sistema de comunicación pública que denunciaron despidos masivos, tercerización de contratos, reducción del tamaño de producción, entre otras situaciones, llegó la determinación de la Personería Distrital, que ya realizó dos visitas de revisión a la entidad.

En la misma se hizo un análisis a la ejecución presupuestal y la contratación de 2020 y 2021, gracias a la cual se determinó que efectivamente se han registrado disminuciones en la contratación de personal a causa de un cambio en la parrilla de programación, que resolvió transitar de un 70 por ciento periodística, a un 70 por ciento académica, cultural y urbana, con un importante énfasis en la franja infantil.

Dicho esto, la Personería aseguró que desde el canal “indican que se pasó de un modelo de contratación de personas a un nuevo modelo de contratación de productoras”.

Igualmente, el Ministerio Distrital afirmó que, “En las visitas, atendidas por los directivos del Canal Capital, se informó que en los últimos meses fueron notificados de 8 sentencias que los obligan a pagar unos $1.800 millones presentadas por contratistas que tuvieron vinculaciones continuas durante varios años y no fueron renovadas. Actualmente, hay más de 20 demandas de ese tipo”.

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