Iván Cepeda denunció ante la justicia internacional la falta de avances en las investigaciones de los casos de violencia oficial durante el paro nacional

El senador y organizaciones como Temblores ONG le pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la situación en Colombia

Iván Cepeda, senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Iván Cepeda, senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda junto con algunas organizaciones de derechos humanos, anunciaron el radicado de una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) denunciando que en Colombia hay una demora para investigar y aclarar los presuntos crímenes que se cometieron en el marco del paro nacional contra la población civil.

El congresista explicó que se trata de la tercera comunicación que le envían a la Fiscalía de la CPI para informar que “los crímenes cometidos en contexto de las protestas están en total impunidad, mientras que víctimas, testigos y líderes son perseguidos y amenazados”.

El conglomerado de denunciantes explicó que tiene en su radar 3.945 víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre los cuales hay 1.088 se dieron desde junio hasta la fecha. “Justicia Penal Militar adelanta 52 investigaciones, pese a ser violaciones a los DDHH. Fiscalía solo investiga 29 de 87 homicidios. Dirige investigaciones contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de presunta responsabilidad de superiores jerárquicos”, explicaron.

En el documento se lee que para el conglomerado, la Fiscalía ha decidido solo investigar a los autores materiales dejando atrás a los superiores jerárquicos. Entre esos casos hay homicidios, violencia sexual y encarcelaciones y para los denunciantes, los hechos se podrían atribuir “al expresidente, Álvaro Uribe Vélez; al presidente, Iván Duque Márquez; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda y al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas”.

También denuncias intimidación a víctimas y testigos como “estrategia de silenciamiento e impunidad” y destacan el caso de Esteban Mosquera, quien perdió su ojo en 2018 por un impacto de gas lacrimógeno proveniente del Esmad en Popayán y que fue asesinado recientemente.

Entre las asociaciones están Temblores ONG, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente, el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, Defender la Liberad y el Colectivo Orlando Fals Borda.

El informe enviado a la CPI le pide al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, quien visitará Colombia en octubre, que se reuna con las organizaciones de derechos humanos y le pida a la Fiscalía General de la Nación, a la Justicia Penal Militar y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes “información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables”.

Recientemente el senador junto a Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo presentaron una acción de incumplimiento por la negativa del Gobierno nacional de radicar el Acuerdo de Escazú en el Congreso.

Durante una rueda de prensa, los políticos dijeron que con este llamado pretenden llamar la atención del Gobierno para que tomen en serio la defensa del medioambiente. Además, de Cepeda, Valencia, Sanguino y Jaramillo, la acción de cumplimiento también es apoyada por Camilo Niño, integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), y Mayerly López y Elizabeth Muñoz, defensoras ambientales en los departamentos de Santander y Tolima, respectivamente.

Se recordó que el Acuerdo de Escazú es fundamental para establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado.

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