Contraloría abre nuevo proceso fiscal contra ocho ex ejecutivos de Reficar

Los expresidentes y ex vicepresidentes financieros de la Refinería de Cartagena están acusados de participar en la pérdida de por lo menos $942.795 millones, en el marco de uno de los escándalos de corrupción más significativos para Colombia

Reficar. / Colprensa
Reficar. / Colprensa

Cinco meses después de proferir el fallo de responsabilidad fiscal por el caso Reficar, la Contraloría General de la República anunció este 16 de septiembre que abrirá un nuevo proceso bajo la misma figura, en contra de ocho ex altos funcionarios de Reficar. En el listado se incluyen tres expresidentes de la refinería cartagenera.

Se trata de Reyes Reynoso Yánez, Amaury De la Espriella y Adolfo Tomás Hernández, quienes fungieron como presidentes encargados de la planta; y de Carolina González Carrillo, Mauricio Ramírez Terrassa, Jaime Eduardo Caballero Uribe, Ana Isabel Choucair Cárdenas y Fernando Cordón López, todos ellos vicepresidentes financieros. Los ocho prestaron servicio en uno de los momentos más convulsionados de Reficar: entre 2016 y 2019.

Los ocho están siendo acusados por daño al patrimonio del Estado, en una suma que asciende hasta los $942.795 millones, perdidos en medio de las irregularidades que rodearon a la refinería durante el mencionado periodo.

En palabras del ente de control, se trata del “daño al patrimonio del Estado representado en gastos efectuados por la Refinería de Cartagena por fuera del periodo de inversión (Capex) y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 (US$ 9′240.927 ) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US$ 12′447.618), en los cuales no se distingue cuál fue su destinación ni su destinatario”.

Tampoco se encuentran reflejados en las cuentas de la refinería, según la Contraloría, otros $268.71 millones de dólares aprobados para financiar dicha planta y que ahora no se ven en las cuentas asociadas al proyecto, ni en sus erogaciones. El conjunto de todas estas denuncias habría generado problemas económicos tanto para Reficar, como para la empresa encargada de la ampliación de la misma, Ecopetrol.

Este sería el segundo proceso que adelanta la Contraloría, después del que cerró el pasado 26 de abril, cuando profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas.

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría determinó que en la modernización de la Refinería de Cartagena se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de US$997 millones.

Asimismo, se determinó que algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción.

“Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva de Reficar, la administración de Reficar, el contratista y el supervisor del proyecto”, dijo la Contraloría.

Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.

En cuanto a los miembros de la junta directiva se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henru Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.

El fallo también incluye a cuatro multinacionales contratistas del proyecto. Se trata de Chicago Bridge & Irony Company CB&I Uk Limited, Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.

La Contraloría calificó la conducta de los hallados responsables como “antieconómica, ineficiente e inoportuna” y que con esta “contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”.

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