‘El Zarco’, exguerrillero del ELN involucrado en ‘falsos positivos’, pidió entrar a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir si lo acepta; por lo pronto, el proceso en la justicia ordinaria podría suspenderse hasta que se conozca la decisión del tribunal

Luis Jhon Castro Ramírez alias “El Zarco” - Foto: Foto: Migración Colombia
Luis Jhon Castro Ramírez alias “El Zarco” - Foto: Foto: Migración Colombia

Tras su captura e iniciado proceso de judicialización, Luis Jhon Castro, alias ‘El Zarco’, presunto responsable de al menos 14 ‘falsos positivos’, hizo la solicitud oficial de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El hombre envió una carta escrita a mano al fiscal delegado de Derechos Humanos expresando su voluntad de aportar verdad a pesar de haber negado los cargos imputados por la Fiscalía recientemente.

“Yo, Luis Jhon Castro Ramírez (...) me permito manifestar a usted, que me someto de manera libre y voluntaria a la Juridicción [sic] Especial para la Paz, conforme a solicitud que eleve por primera vez (...) con fecha 27 de noviembre de 2018 y se ve aplicación a lo que la respuesta de la JEP se indica respecto de poner a disposición de la JEP la actuación procesal en el Estado que se encuentra”, se lee en el documento que tiene su huella dactilar.

El señalado reclutador de víctimas para falsos positivos y exguerrillero del Eln ya había tratado de entrar a la JEP hace unos años, sin embargo, el proceso se frenó cuando escapó de Colombia yéndose a España, desde donde fue deportado recientemente.

En caso de que esta vez sea aceptado por la justicia especial, debería rendir un plan de reparación a sus víctimas que es el primer y más importante requerimiento que tienen los sometidos para acceder a beneficios como la libertad condicional. Si su plan de reparación no convence a los magistrados, podrá negársele la petición de libertad que suelen pedir los que se acogen y solicitar que se reestructure la propuesta y si en ese proceso no aporta verdad plena tampoco, podría causarle la expulsión o ser llevado a juicio.

El propio ministro de Justicia Wilson Ruiz, dio declaraciones esta mañana desde Barranquilla diciendo que respetaba la decisión que tome la justicia especial. “Respetamos la autonomía de todas las Cortes. La Justicia Especial para la Paz es una Corte más de nuestro país, de modo que bienvenido si lo está solicitando. Si la JEP lo acepta, desde luego que le cuente la verdad al país de todo lo que pasó frente a esa cantidad de jóvenes, señores, que han sido asesinados bajo el argumento de ‘falsos positivos’”.

El ministro dijo que debe conocerse por qué sucedieron los hechos y también garantizar penas de acuerdo a lo establecido por el Sistema Integral de Paz “y que la reparación que hagan, que sea económica o por tierras, que sea algo verdaderamente que le sirva a las víctimas de nuestro país”, expresó.

Las investigaciones apuntan a que el exguerrillero reclutó a 14 personas que terminaron asesinadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército Nacional en el 2008 en el departamento de Tolima. Entre los relatos, el fiscal especializado reveló que seis de esas víctimas mortales vivían en en el mismo barrio que ‘El Zarco’. Ellas fueron asesinadas el 28 de febrero de 2008 por miembros del Ejército.

Para el 30 de marzo, Castro reclutó a tres personas para ser asesinadas por soldados, pero una alcanzó a huir. Para el 23 de junio de ese mismo año, ‘El Zarco’ colaboró para el asesinato de sus últimas seis víctimas en un carro, también ejecutadas por el Ejército. Ese día el hombre resultó herido.

“Entendí y no acepto los cargos de los que el señor fiscal me está acusando el día de hoy”, fue lo que dijo Castro tras escuchar la imputación. Esta semana el hombre enfrentabs una audiencia en la que el juez decidirís si lo envíaba o no a la cárcel, como solicita la Fiscalía.

La extradición de este exmiembro del ELN, que es requerido por la Fiscalía Especializada de la Dirección contra Violaciones a Derechos Humanos por el delito de homicidio en persona protegida, se demoró más de un año en un cuestionado proceso por la pandemia y temas burocráticos.

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