Procuraduría abre investigación formal contra la ministra TIC por el caso de Centros Poblados

El propósito es determinar cuál es la relación de la funcionaria con la unión temporal a la que se le adjudicó el contrato

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Karen Abudinen en la Cámara de Representantes este 3 de septiembre
Karen Abudinen en la Cámara de Representantes este 3 de septiembre

El polémico contrato que firmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) con Centros Poblados para llevar internet a escuelas en zonas apartadas seguirá siendo investigado. En la tarde de este 6 de septiembre la Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación disciplinaria formal contra la responsable de esa cartera gubernamental, Karen Abudinen, para determinar sus vínculos con el caso.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, para determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia”, informó el órgano de control a través de un comunicado de prensa.

Se detalló que la decisión fue proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que ordenó hacer pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad del contrato. Indicaron que el objetivo es trasladar las pruebas pertinentes que ayuden a esclarecer el caso “en cumplimiento al principio de economía procesal”.

En concreto, este escándalo inició a finales de agosto, cuando se conoció que hay 70.000 millones de pesos perdidos en la adjudicación que MinTIC le concedió a la Unión Temporal (UT). El dinero le fue entregado a Centros Poblados como parte de un anticipo y ellos, con documentos falsos, enviaron el dinero a Estados Unidos, supuestamente, para comprar equipos con los que dotarían de internet a más de 7.000 escuelas rurales

Hasta el momento no hay equipos y tampoco se sabe qué pasó con el dinero, por lo que los entes de control estatales y el actual Congreso de la República le está haciendo seguimiento al caso. Cabe mencionar que, en relación con las acciones anunciadas hoy por la Procuraduría no procede recurso alguno y la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera.

De hecho, el pasado 3 de septiembre la ministra Abudinen ya se refirió al caso en el Congreso de la República. La funcionaria fue sometida a un debate de moción de censura organizado por la Cámara de Representantes.

En el espacio, las intervenciones más fuertes fueron las de los representantes Katherin Miranda, Mauricio Toro y Germán Navas. Ellos le dijeron a la ministra que era “corrupta o incompetente” al permitir que el dinero se perdiera.

“Usted no negocia vendado. Estaba dedicada a hacer política, usted es responsable de que esa plata se haya perdido, pero su actuar negligente dio lugar a eso”, dijo Navas.

Miranda también denunció que Camilo Valencia Suescun, ligado a Centros Poblados, hizo parte de la cartera de Abudinen “y posteriormente se le premia con un contratico de $200 millones adscrito al Ministerio de las Comunicaciones”. La congresista cuestionó a algunos representantes de las empresas que conforman la UT, diciendo que tienen vínculos con Álvaro Cruz y Emilio Tapia.

Ante esto, Abudinen se defendió y recalcó que no va a renunciar al cargo porque le está dando la cara al país.

“Quiero que todos entendamos que los funcionarios honestos hoy estamos trabajando contra los camuflados en entidades y que se dedican a robarse el futuro de los colombianos. Quiero dejar en claro que mi trabajo como responsable del ministerio permitió que hoy hayamos develado monstruosos carteles de corrupción que se están robando de tiempo atrás al Estado colombiano, pusimos en evidencia esta estructura criminal”, sostuvo Abudinen.

Sobre la licitación del contrato, explicó que esta nació bajo la administración de la exministra TIC, Sylvia Constaín, y que dividir en dos los proyectos fue idea de una consultoría que contrató la cartera. También dijo que empresas sin experiencia pudieran licitar, como las de Centros Poblados, no es culpa de ella sino de la ley colombiana. “No me lo inventé. Es la Ley 80”, y agregó que no habría cómo conocer a los contratistas. “Yo no conocía Centros Poblados. El ministerio hizo todo lo que decía la ley”.

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