Senado cita a ministra Karen Abudinen para que rinda cuentas por el contrato de Centros Poblados

Este 12 de agosto se conoció que el Senado de la República citó a un debate de control político para la próxima semana a Karen Abudinen, jefe de la cartera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que responda por el contrato suscrito entre esa cartera y el consorcio Centros Poblados.

El debate fue citado por congresistas de diferentes partidos como Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático, Conservador y de oposición, pues consideran que Abudinen debe dar explicaciones sobre los $70.000 millones que están desaparecidos.

Uno de los que citó a debate fue el senador Iván Darío Agudelo, quien aseguró a RCN Radio que, “es muy preocupante lo ocurrido con el contrato de conectividad de educación rural, por eso hemos firmado esta citación a la ministra para el día miércoles”.

Debido al respaldo del presidente Duque a Abudinen, sectores de la oposición aseguran que este debate no prosperará y solo hará que la ministra siga a la cabeza de la cartera.

Por su parte, el representante Mauricio Toro aseguró que, “es evidente que hubo una falta de diligencia de la ministra, de realizar adecuadamente su deber de cuidado y vigilancia y es que esto ocurrió en las narices de su ministerio y asesores. Desde antes de la firma nosotros advertimos que este contrato no debía firmarse, pero ella lo firmó y ahora vemos los nefastos resultados, personas así no pueden manejar los recursos”.

El pasado 3 de agosto, y luego de que W Radio destapara el escándalo, la ministra Abudinen dio unas escuetas explicaciones sobre la gran cantidad de dinero que se encuentra desaparecido. Son 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsarle MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia.

Este no es un escándalo menor y empezó a gestarse en diciembre de 2020, cuando se adjudicó una de las licitaciones para llevar internet a los colegios públicos más apartados del país. A pesar de que, según Portafolio, muchos decían que el proceso no se estaba haciendo de buena manera.

El escándalo explotó luego de que un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela en la que se le ordenaba al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que suspendiera el proceso que se adelantaba, pues uno de los que ganó el contrato presentó garantías falsas.

Se trata del consorcio registrado como Unión Temporal Centro Poblados, que mostró una garantía que presuntamente fue expendida por el Banco Itaú, pero que resultó falsa. Una vez el banco se da cuenta de que está siendo usado su nombre en este ilícito, le advierte al ministerio no había expedido ningún documento de garantía y precisó que iba a tomar acciones legales.

Debido a esto, Abudinen anunció que declararía la caducidad del contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo cubrir la denominada región B del país, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

El problema es que durante el proceso se hizo un desembolso de $70.000 millones, recursos que se encuentran perdidos y de acuerdo con la ministra el anticipo se rastreó a una fiducia de Delaware, Estados Unidos, y otra parte en el banco de BBVA en Colombia.

SEGUIR LEYENDO