Gobierno apeló formalmente el fallo que suspende la asistencia militar en el país

En las 28 páginas en las que se extiende el recurso de impugnación se asegura que el decreto debe activarse porque así se garantizan los derechos de los colombianos que no participan de las protestas

Miembros del Ejército y la Policía removieron el 30 de mayo de 2021 las barricadas que se encontraban ubicadas en el barrio Meléndez, un punto estratégico de una de las vías principales de la ciudad de Cali. / Colprensa
Miembros del Ejército y la Policía removieron el 30 de mayo de 2021 las barricadas que se encontraban ubicadas en el barrio Meléndez, un punto estratégico de una de las vías principales de la ciudad de Cali. / Colprensa

El gobierno Duque reaccionó de forma oficial a la decisión del Consejo de Estado que ordenó suspender el decreto 575, que permitía la asistencia militar en la protesta social. Este 4 de agosto, la Presidencia de la República, respaldada por la Policía Nacional y los ministerios de Defensa y del Interior, interpusieron un recurso de impugnación contra la mencionada orden.

En el recurso presentado el Gobierno argumentó que la asistencia militar en medio de la protesta es importante porque ayuda a garantizar el restablecimiento del orden público. En línea con esto, también protege los derechos de los colombianos que no participan de las marchas y plantones.

“El decreto se creó para la conservación y el restablecimiento del orden público y no para vulnerar los derechos a la protesta social o a la integridad personal de los manifestantes. (...) La norma busca hacer frente a los hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia que afectan algunas zonas del país y que en algunos casos fueron producto del ejercicio de la protesta”, se lee en el recurso de impugnación.

Hay que recordar que Duque, quien desde hace una semana ya había anunciado que apelaría el fallo, aseguró que el decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene él como presidente y sostiene que la orden se emitió para dar instrucciones a gobernadores y alcaldes sobre el manejo del orden público y que a través de este no se estaría violando el derecho a la protesta de los manifestantes.

“La función de la Fuerza Pública en nuestro país es proteger el orden constitucional y todas las Fuerzas, todas, con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos, tiene que cumplir esa labor con instrucciones que se dan desde la Presidencia de la República. Como presidente de la República seguiré impartiendo todas las instrucciones que sean necesarias a alcaldes y gobernadores y a toda la Fuerza Pública para preservar el orden constitucional”, aseveró Duque el pasado 24 de julio.

Hay que recordar que el fallo que se está debatiendo en este caso es el que suspende de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar durante las protestas. Dicha orden se emitió el 23 de julio porque se está a la espera de un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria del acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si se ajusta o no a derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

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