Parapolítica y lavado de activos: algunos de los cargos que enlodan a la poderosa familia del senador Richard Aguilar, capturado por el CTI

El congresista es hijo de uno de los oficiales que dieron de baja a Pablo Escobar en 1993 y que fue condenado por colaborar con el Bloque Central Bolívar de las AUC en el Magdalena Medio.

Richard Aguilar. Foto: (Colprensa - Sofía Toscano)
Richard Aguilar. Foto: (Colprensa - Sofía Toscano)

Este martes en la noche el senador Richard Aguilar fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander entre 2014 y 2015. Este proceso en contra del menor de los Aguilar, se suma a la lista de hechos que enlodan a su familia, desde su padre hasta a su hermano.

Su progenitor es Hugo Aguilar, un excoronel del Ejército y exgobernador de Santander condenado por parapolítica que fue recapturado en diciembre de 2019 en el aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga tras una orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por un lujoso Porsche que había adquirido.

Pero el hecho en realidad se dio porque Aguilar negaba que tenía recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado y por eso llegó a un acuerdo en 2014 con la Unidad de Víctimas para pagar cuotas de 500.000 pesos para ese objetivo, pero en realidad la Procuraduría descubrió la adquisición del Porsche y de la fortuna de más de 10.000 millones de pesos que tenía su esposa, por lo que pidió que se revocara la libertad condicional.

La condena de Aguilar inició en 2013 y en 2016 quedó libre por cumplir las tres cuartas partes de la condena, pero en febrero de 2019 fue capturado de nuevo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero fue dejado en libertad de nuevo para ser recapturado a finales de ese año.

En el caso de su hermano, el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tiene una indagación preliminar en curso en la Procuraduría tras haber celebrado su cumpleaños dentro de las instalaciones de la Gobernación departamental y donde había, al parecer, una cantidad no permitida de personas debido a las restricciones del covid-19.

“Gobernador, ¿Qué le podemos decir a la gente porque no se están respetando los protocolos de bioseguridad?” fue la pregunta que le hizo Sierra a Aguilar mientras este departía en el evento. “Aquí en lo que organizaron los funcionarios, se están respetando los protocolos de bioseguridad”, expresó el gobernador, sin embargo, Sierra lo cuestionó mostrando lo cerca que estaban los funcionarios y le preguntó que si para él eso era distanciamiento social.

“Precisamente se acercaron los funcionarios también a tomarse una foto. No veo cuál es su interés en irrespetar un gobierno que lo ha respetado a usted como diputado, al querer enlodar y empañar lo que ha hecho la administración. Yo si le pido, señor diputado, que sea un poco más respetuoso con los que lo eligieron y a quienes usted representa”, dijo el gobernador Aguilar.

Esta denuncia fue hecha a través de un video en vivo por parte del diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, quien confrontó ese día a Aguilar y tras eso, interpuso las denuncias correspondientes. Por ahora la Procuraduría investiga si ese día se violaron las medidas de bioseguridad.

Hace unas semanas también se denunció que Mauricio habría tomado dos días más de vacaciones de las que se le habían autorizado para iniciar el 12 de julio, sin embargo, el gobernador habría dejado su cargo desde el 10 de julio, lo que se podría considerar como abandono.

En el caso del senador Richard, las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).

Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado, a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

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