JEP llamó a funcionarios públicos a audiencia por muertes y amenazas contra excombatientes en el Meta

Se busca conocer las acciones que se están tomando los funcionarios para proteger la vida de los miembros de las Farc que firmaron el acuerdo de paz. En dicho departamento han asesinado a 28 excombatientes.

/ Colprensa
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Ante la preocupación por el creciente asesinato de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, así como de denuncias de aquellos que temen por su vida, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes 20 de julio que se está preparando para realizar una audiencia territorial en el departamento del Meta, programada para el próximo 21 de julio.

De acuerdo con un comunicado publicado por la justicia transicional, la unidad encargada de dicho proceso será la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad que escuchará, durante dicho encuentro, a las autoridades encargadas de velar por la seguridad integral de los comparecientes de las antiguas Farc-EP ante la JEP, dadas las graves condiciones que continúan afectando a esta población en el Meta.

Lo anterior teniendo en cuenta que, según información enviada por algunos excombatientes acogidos a dicho organismo, las disidencias los amenazan y obligan a abandonar el territorio. Allí han ocurrido “extorsiones, intenciones de atentar contra la integridad de los miembros del colectivo, dos tentativas de homicidio, constantes amenazas a los bienes de la cooperativa, amenaza para desalojar de inmediato el territorio y hostigamientos constantes en el predio”, informaron dichos exmiembros de las Farc, citados por la JEP.

El mismo organismo recuerda que, sólo en el Meta, se han registrado por lo menos menos 28 homicidios y 4 amenazas denunciados por excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. “Las amenazas y desplazamientos forzados tuvieron como objeto amedrentar a las víctimas y obligarlas a abandonar su sitio de concentración, renunciando a todo lo que habían conseguido desde que dejaron las armas”, advierte la Unidad de Investigación y Acusación en un informe.

No sobra señalar, además, que desde la firma del mismo tratado entre el Gobierno nacional y la guerrilla, se han confirmado los asesinatos de 276 exmiembros de las Farc en todo el país. De estos, 28 han sido en lo corrido de 2021, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Ante la situación, la JEP reconoció que uno de sus deberes es el de prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. “Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”, advirtió el organismo de justicia transicional en su comunicado.

Igualmente, confirmó que a la audiencia del próximo 21 de julio asistirán el gobernador del departamento Juan Guillermo Zuluaga, y los alcaldes de Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe; así como el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, los comandantes de la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación, Andrés Stapper.

Se espera que estos funcionarios escuchen lo que está sucediendo en el departamento y den cuenta de lo que se está haciendo para garantizar la vida y seguridad de los exFarc y el derecho de las víctimas a la verdad. En últimas, se espera que ofrezcan nuevas soluciones para abordar la problemática.

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